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miércoles, enero 15, 2025

Exsecretario general del PAN desdeña denuncias sobre desfalco de Augusta Díaz

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Ante el silencio sepulcral de la exdirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) Augusta Díaz de Rivera Hernández, el exsecretario general del partido y principal adversario de la panista, Marcos Castro Martínez, se vio obligado a salir al paso de las denuncias por las graves irregularidades detectadas en la pasada gestión que van desde multas millonarias, adeudos con proveedores hasta pasivos laborales.

Sin ofrecer argumentos sólidos, el también diputado local plurinominal afirmó que las acusaciones responden a un conflicto personal entre Augusta Díaz y Genoveva Huerta Villegas, actual secretaria general.

Incluso hizo un llamado a la actual dirigencia estatal para que actúe con “prudencia” y evite adelantar juicios sobre la pasada gestión que ha sido señalada por la militancia por haber dejado al partido sumido en una crisis económica y electoral.

“Nos parece que se está llevando un tema personal (…) insisto mucho a que estemos prudentes, hago llamado a la nueva diligencia, asumir la responsabilidad que tiene, ponernos a trabajar todos juntos, por lo que viene pensando en el siguiente proceso”, indicó. 

Castro trató de defender los señalamientos, asegurando que se les dejó más de un millón 800 mil pesos en las cuentas del partido para cubrir las necesidades de los primeros meses.  

También negó todas las irregularidades, incluyendo los pasivos laborales y los pagos pendientes a proveedores, argumentando que los adeudos corresponden únicamente a servicios como el pago de luz y agua. 

“No hay una deuda a proveedores ni pasivos laborales, lo que se maneja con adeudo a proveedores es en el tema del pago de Luz, por eso insisto que se dejó más de 1 millón 800 mil pesos para cubrir esos gastos, para pago de impuestos, pago de luz, y de agua”, indicó. 

Asimismo, el diputado local adoptó una postura evasiva al comparar la situación actual con lo vivido hace tres años, cuando, según él, también hubo irregularidades, pero en ese momento no se hizo público. Sin embargo, ahora exige a la actual dirigencia que se presenten pruebas de las acusaciones. 

“Ahora exijo pruebas para esas acusaciones, por supuesto nosotros cuando recibimos el partido hace tres años, tuvimos un caso similar y lo litigamos de manera formal no en los medios y lo mismo pedimos para que no se afecte la imagen, en este caso de la dirigente (Augusta Díaz)”, indicó. 

 

IRREGULARIDADES DE AUGUSTA SE INVESTIGARÁN DE OFICIO

El pasado fin de semana, Genoveva Huerta volvió a exponer las irregularidades dejadas por Augusta Díaz de Rivera, que incluyen desde multas y observaciones hasta deudas relacionadas con impuestos, pasivos laborales y adeudos a proveedores.  

Según la también diputada federal, esta situación podría provocar una disminución significativa en los recursos estatales y federales que el partido recibe mensualmente, lo que representaría un severo golpe financiero para la nueva dirigencia, la cual se verá obligada a enfrentar y corregir la crisis económica heredada. 

A pesar de ello, Huerta expresó su confianza en que las autoridades electorales, en particular el Instituto Electoral del Estado (IEE), inicien una investigación de oficio. Dado que los fondos involucrados son públicos, la diputada considera innecesario que el partido presente una denuncia formal contra Díaz de Rivera, pues corresponde a las autoridades encargadas de velar por el uso de recursos públicos, tomar cartas en el asunto. 

El PAN en Puebla enfrenta una serie de irregularidades que incluyen una sanción de 7.4 millones de pesos impuesta por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debido a observaciones en los informes de ingresos y gastos del proceso electoral 2023-2024. 

Además, se suma una multa de 2.7 millones de pesos por fallas en la precampaña de Eduardo Rivera Pérez a la gubernatura y observaciones por 58.4 millones de pesos del INE, relacionadas con facturas no reportadas, obras no comprobadas y un manejo discrecional de las cuotas de militantes. 

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