En poco más de dos meses, el gobierno de José Chedraui Budib logró reducir en 30 por ciento el boquete financiero heredado por Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, esto significa que, de la deuda original de 547 millones de pesos, el monto actual se ha reducido a 380 millones.
Una de las principales razones de esta reducción, expuso el tesorero municipal, Héctor González Cobián, fue la exitosa recaudación del pago anticipado del impuesto predial. En lugar de los 520 millones de pesos inicialmente proyectados, el Ayuntamiento logró recaudar 580 millones, superando las expectativas en 60 millones, lo que permitió cubrir parte de los compromisos financieros.
“Fue una respuesta positiva por parte de los contribuyentes, seguimos ahora con este arranque de ejercicio con nuestro cobro ya dentro del programa normal del predial y esperamos que sigan respondiendo”, comentó.
Aunque el municipio también enfrentó recortes en las participaciones federales, lo que generó incertidumbre en las finanzas, el tesorero municipal destacó que el recorte fue menor de lo inicialmente previsto. En lugar de 40 millones de pesos, el ajuste final fue de 29 millones, lo que brindó un respiro a las arcas municipales.
Dentro de los logros del 2024, destacó la colaboración con el gobierno federal para la realización de obras públicas, obteniendo 203 millones de pesos para proyectos importantes en la ciudad.
Además, el gobierno local destinó entre 60 y 80 millones de pesos en bacheo, recurso con el que se priorizó el mantenimiento de las calles de la capital poblana durante los últimos tres meses del año.
En materia de seguridad, el Ayuntamiento también realizó esfuerzos estratégicos para fortalecer la infraestructura de la policía municipal. Se firmaron contratos multianuales, incluyendo el arrendamiento de patrullas, cuyo contrato se formalizó en diciembre y se espera que las unidades sean entregadas el 20 de enero próximo.
Otro de los avances destacados fue la reducción de la nómina del capítulo 1000. De 2 mil 245 millones de pesos en 2023, la cifra se redujo a 2 mil 204 millones al cierre de diciembre, lo que representó una disminución de 41 millones de pesos, aliviando la presión financiera sobre la Comuna.
Pese a los avances, Héctor González Cobián reconoció que aún queda trabajo por hacer, ya que los 380 millones de pesos de deuda pendiente aún deben ser cubiertos. Además, destacó que se continúan revisando los pagos a proveedores, buscando saldar el déficit financiero.
“La intención es pagarlo, si son proveedores que cumplieron y entregaron lo que se les contrató, la instrucción que se tiene del alcalde Pepe Chedraui es que se cubra siempre y cuando no se tenga algún pendiente administrativo con la obra”, manifestó.
El balance ofrecido por el tesorero responde a un déficit financiero de 547 millones de pesos en las arcas municipales de Puebla durante el gobierno panista. En una auditoría interna realizada durante los primeros dos meses de la nueva administración, se detectó un panorama financiero alarmante con el 10 por ciento del presupuesto anual del Ayuntamiento que fue comprometido indebidamente.
Entre las irregularidades destacadas se encontró un déficit bancario de 333.9 millones de pesos, producto de compromisos de pago sin respaldo presupuestal. Además, se hallaron contratos por 116.9 millones de pesos, principalmente relacionados con obras públicas gestionadas por el gobierno anterior, pero cuya ejecución recaería en la actual administración.
Otro hallazgo preocupante fue una presión presupuestaria adicional de 96.2 millones de pesos, recursos que debieron ser considerados en el presupuesto anterior, pero que ahora representan una carga económica significativa.
Hasta diciembre, la contralora municipal, Dulce Rivera Aranda, confirmó que se estaban revisando minuciosamente los contratos pendientes para determinar si los bienes y servicios se entregaron conforme a lo estipulado y advirtió que en caso de anomalías, se procedería legalmente contra los responsables.
Y es que durante la auditoría se documentaron 368 observaciones, la mayoría relacionadas con incumplimientos y anomalías no solventadas por la administración saliente. Entre las áreas más afectadas fueron adeudos por arrendamientos, mantenimiento vehicular y servicios digitales, con un total de 82 pagos pendientes sin suficiencia presupuestal. Además, se asignaron contratos gestionados en los últimos meses del gobierno panista, que comprometieron recursos más allá de su mandato.
