Después de la toma de posesión de las autoridades en los 217 ayuntamientos locales, aún se desconoce en cuántos han sido aprobados sus Planes de Desarrollo Municipal y si tienen un programa de obras para sus primeros 100 días.
Queda claro que todos los cabildos están instalados y han nombrado a sus diferentes funcionarios para que sus administraciones funcionen. Sin embargo, hasta la fecha, nadie sabe o conoce qué ha pasado con las actas de entrega y recepción de las administraciones pasadas.
No creo que la mayoría de los expresidentes haya dejado todo en orden y con finanzas sanas para los que acaban de llegar.
Menciono lo anterior porque algunos ediles siguen denunciando públicamente la situación en la que les dejaron los ayuntamientos, por ejemplo, en la capital poblana, sus autoridades han hecho pública la existencia del llamado “hoyo financiero” por 547 millones de pesos.
Es decir, en términos de transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos públicos ejercidos por las administraciones municipales seguimos en ayunas, tampoco se conoce por parte del Congreso local si hay informes sobre procedimientos en contra de algunos alcaldes.
Bueno, comento esto porque ahora los 216 municipios tienen frente a ellos el pago de las prestaciones sociales de sus trabajadores y muchos recurren al gobierno estatal para solicitar apoyo financiero.
Después tendrán que preparar sus respectivas convocatorias para las jornadas plebiscitarias en las 659 Juntas Auxiliares, mismas que se renovarán allá por febrero del 2025.
Estas autoridades también son órganos de gobierno y, en muchas de las veces, son abandonadas o marginadas por sus cabeceras. Dependen económicamente en un 100 por ciento de las decisiones del presidente municipal y sus cabildos, porque ellos no reciben prerrogativas del estado, sino que quedan a consideración de los regidores.
Ahora bien, en los municipios grandes e importantes, con muchas demarcaciones auxiliares, lo que buscan es tener presidentes auxiliares afines a ellos, porque no les gusta tener oposición en sus regiones.
Existen pocos antecedentes sobre cultura democrática y alternancia en las Juntas Auxiliares del estado.
A pesar de que varias son más grandes que las propias cabeceras, por lo regular no son atendidas como se debiera y hay un trato desigual para ellas. Por ejemplo, en la capital poblana, los plebiscitos serán el 25 de enero en sus 17 juntas auxiliares, una situación que levanta mucha pasión política entre las más grandes que existen en la periferia de la ciudad.
Tenemos a San Baltazar Campeche, que es la más grande con 341,640 habitantes; seguida por San Felipe Hueyotlipan con 186,715 habitantes; luego La Resurrección con 78,886 ciudadanos y San Pablo Xochimehuacan con 64 824 habitantes, entre otras.
A la primera, el ayuntamiento local le ha presupuestado para el 2025 apenas unos 2 millones 006 mil 965 pesos; para la segunda, le dará 1, 679, 749; a la tercera 1,672, 477 pesos y para San Pablo 1,695,613 pesos.
Los ingresos que tienen son reducidos, algunos son por el cobro de actas de nacimiento o de casamientos.
En la mayoría de ellas hay pobreza media y rezago social, podemos señalar Azumiatla, que sigue siendo la más olvidada dentro de la ciudad; sin embargo, en los últimos años ha experimentado un crecimiento y abuso urbano por parte de las inmobiliarias que lo han conectado con las residencias de Santa Clara Ocoyucan.
Otras como San Felipe y Xochimehucan también experimentan un crecimiento poblacional por los migrantes que se quedan ahí y se han incrementado los índices de inseguridad por diferentes factores.
Las 17 de la ciudad han sufrido una reconfiguración social importante y viven nuevos problemas y situaciones de inseguridad creciente, así como las más de 600 que existen en Puebla. Desconozco si el ayuntamiento poblano y el propio gobierno estatal le están dando la importancia que merecen los plebiscitos en las Juntas Auxiliares.
Conclusión: Estos organismos de gobierno auxiliar, así como las inspectorías municipales y rancherías son parte de los municipios en el estado. Necesarias para el quehacer municipalista y para que funcionen mejor los ayuntamientos.
Deben ser consideradas en los programas municipales y también apoyadas para impulsar obras de infraestructura y servicios. Porque siempre han sido consideradas de segunda y su trato por parte de los presidentes municipales es injusto e inequitativo.
