La administración recién concluida de Eduardo Rivera Pérez y su brazo derecho, Adán Domínguez Sánchez, enfrentan una tormenta política tras la revelación de que, al dejar la Comuna, también heredaron un hoyo financiero de 547 millones de pesos en las arcas municipales.
La actual administración municipal a cargo de José Chedraui Budib, tras 60 días de gestión, dio a conocer los resultados de una auditoría interna que destapa un caos administrativo, compromisos impagables y un manejo opaco de los recursos públicos derivados de la mala gestión del PAN.
El golpe no sólo fue económico, sino también político. El grupo que lideraban Rivera y Domínguez, este fin de semana perdió el control del PAN en el estado y ahora su gestión está en el centro de un escándalo que ya mereció la investigación por posibles responsabilidades administrativas contra los burócratas que resulten responsables de este desfalco.
La sede de este desglose financiero fue el Salón de Protocolos del Palacio Municipal, donde el secretario de Gobernación, Franco Rodríguez Álvarez, calificó el desorden financiero como alarmante, al destacar que el monto de las irregularidades equivale a 10 por ciento del presupuesto anual del municipio.
“Ellos hablaban de un error administrativo, lo que me parece absurdo, porque es un error de casi 10 por ciento del presupuesto del Ayuntamiento. Insisto, se están haciendo las observaciones, lo que sí, es que se trata de una mala administración”, declaró.
Rodríguez Álvarez señaló que la administración anterior incurrió en el ejercicio de recursos que no estaban disponibles, confiando en una supuesta recaudación futura que nunca llegó.
La irresponsabilidad dejó a la nueva administración con adeudos que afectan directamente servicios esenciales como seguridad pública, mantenimiento de la ciudad y la conclusión de obras.
Sin embargo, el panorama no se detiene ahí: contratos firmados en los últimos meses del gobierno panista comprometieron recursos que ya no correspondían a su gestión, dejando una herencia de pagos imposibles de cubrir.
Especial atención merece la existencia de un déficit bancario de 333.9 millones de pesos, derivado de pagos comprometidos sin contar con los recursos necesarios para respaldarlos.
Adicionalmente, se detectaron contratos por un monto de 116.9 millones de pesos, principalmente relacionados con proyectos de obra pública que, aunque debían ser atendidos por la administración actual, fueron gestionados previamente por el gobierno panista indebidamente.
Se identificaron también presiones presupuestarias que ascienden a 96.2 millones de pesos, recursos que debieron ser contemplados en el presupuesto anterior para atender áreas prioritarias, pero que ahora representan una carga financiera extra para el municipio.
DESLINDAN RESPONSABILIDADES
El impacto no solo se refleja en los números. La Contralora municipal, Dulce Rivera Aranda, confirmó que ya se abrió una investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas e incluso penales.
Según explicó, se están revisando minuciosamente los contratos pendientes de pago para verificar si los bienes y servicios fueron entregados de manera adecuada. De no ser así, la administración procederá legalmente contra quienes resulten responsables.
Rivera Aranda fue contundente al dar a conocer que no se trata de una persecución política, sino de garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos, de otro modo, el gobierno actual sería acusado por omisiones.
El funcionario tampoco descartó la posibilidad de presentar denuncias penales, aunque esto se comunicaría más adelante, pues por el momento se hará un análisis de las responsabilidades administrativas.
“Estamos a favor de llegar hasta las últimas consecuencias; en su momento lo daremos a conocer. Por ahora, se está realizando el análisis correspondiente para determinar las responsabilidades administrativas”, explicó.
De acuerdo con la información proporcionada, además 368 observaciones quedaron asentadas en actas, la mayoría relacionadas con incumplimientos y anomalías que hasta ahora no han sido solventadas por los responsables.
Entre los hallazgos más preocupantes se encuentran adeudos por arrendamientos, mantenimiento vehicular y servicios digitales, tratándose de 82 pagos pendientes que heredaron a Pepe Chedraui sin dejar suficiencia presupuestal.
En lo que respecta al almacén, se identificó un suministro desactualizado y sin un registro adecuado de entradas y salidas. De manera similar, no existía un control sobre el estado y condiciones del parque vehicular del Ayuntamiento, por lo que fue necesario restablecer un inventario.
Pese a este escenario, el gobierno de Pepe Chedraui tomó medidas inmediatas para mitigar los daños. Juan José Tapia González, secretario de Administración, destacó que se ha dado prioridad al pago de nóminas, prestaciones laborales y servicios básicos.
Además, aseguró que en 2025 la gestión se enfocará en atender las necesidades urgentes de la ciudad, como seguridad, alumbrado público y labores de bacheo.
