El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, confirmó la reapertura de la denuncia en contra de Juan Lira, El Moco, y a diversos familiares por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le negara un amparo contra su vinculación a proceso.
“Si mal no recuerdo resolvió el caso en el foro común, se promovió un amparo por parte de la defensa, y el caso ha transitado por instancias judiciales federales hasta llegar a la Suprema Corte, pero les preciso que no es el único que tenemos hay al menos otros tres igual en esta instancia”, apuntó.
El Fiscal explicó que ha llevado personalmente algunos de estos asuntos ante la SCJN, donde ha argumentado la posición jurídica de la FGE y apuntó que la reciente resolución de la Corte es un avance significativo, ya que anteriormente se consideraba que el delito de lavado de dinero era exclusivamente competencia federal.
Higuera Bernal indicó que en ciertos casos se ha determinado que este delito también puede ser perseguido a nivel local, siempre y cuando no involucre el sistema financiero mexicano, lo que abre la posibilidad de que las fiscalías estatales intervengan en casos similares.
A decir del Fiscal, esto significa un gran logro, toda vez que la Corte respalda a la Fiscalía de Puebla para poder investigar el caso concreto de El Moco por presunto lavado de dinero, toda vez que así puede ser considerado un delito tanto federal como del fuero común, lo que delimita las competencias con mayor claridad.
La respuesta del Fiscal ocurre luego de que este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo a Juan Lira Maldonado contra su vinculación a proceso. Con esta decisión, el proceso penal en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de su presunta participación en actividades relacionadas con el huachicol, permanece vigente.
El fallo, respaldado por tres de los cinco ministros, dejó firme la resolución del juez de control que lo vinculó a proceso. Según la SCJN, la norma aplicada no vulnera la presunción de inocencia del acusado, aunque exige que demuestre la legalidad del origen de sus bienes, entre los que se incluyen propiedades y vehículos adquiridos entre 2014 y 2020.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha señalado a Lira por la compra de seis inmuebles y diversos vehículos presuntamente financiados con recursos de procedencia ilícita. Además, enfrenta investigaciones por otros delitos, como robo de hidrocarburos en la Sierra Norte de Puebla y su presunta implicación en actos violentos, entre ellos un ataque armado en 2018 que cobró la vida de un agente ministerial.
La candidatura de Lira Maldonado en las elecciones municipales de este año fue además anulada tras el conteo supletorio que lo declaró ganador, lo que generó controversia por sus presuntos nexos con el crimen organizado.