Si algo demostró Eduardo Rivera Pérez y su grupo político es que son pésimos administradores. O, si quiere verlo de otra forma, que les encanta gastar a manos llenas el dinero que no es suyo. El Comité Directivo Estatal del PAN saliente, encabezado por Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, acaba de recibir el pasado 26 de noviembre un nuevo revés, luego de que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE halló irregularidades en el manejo de 58.1 millones de pesos del ejercicio fiscal 2023. Las observaciones van desde posibles evasiones fiscales por 35.1 millones en la emisión de facturas que no fueron reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) hasta recibir el dinero por concepto de cuotas partidistas y no ingresarlo a las cuentas bancarias del partido, lo que da pie a un manejo discrecional de los recursos. El problema es que a estas nuevas observaciones se suma la sanción por 7.1 millones de pesos que confirmó la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras el hallazgo del INE de una serie de anomalías en los reportes de gastos de la pasada campaña electoral. Este tema se encuentra todavía en litigio, pero hasta los mismos riveristas saben que hay pocas posibilidades de ganar. Como usted verá, la información sobre el manejo financiero en el PAN ha tomado un nuevo giro debido a la cercanía del proceso interno en el que el grupo político de Eduardo Rivera Pérez perderá (a pesar de que el columnista favorito de la ultraderecha diga que no hay nada para nadie). De confirmarse todas las anomalías detectadas, las millonarias sanciones serán cobradas vía las prerrogativas, lo que representa un grave problema para la siguiente dirigencia estatal que, como mínimo, heredará litigios en marcha. La zozobra que pende sobre las finanzas del partido no es tema menor si es que se parte del hecho que Acción Nacional debe comenzar un periodo de refundación y eso implica la inversión de recursos para fortalecer estructuras, recomponer comités municipales, ensanchar la presencia en el interior del estado. Dinero, dinero, dinero. Sin embargo, la dura realidad financiera del CDE del PAN solo es un reflejo de la patética política de administración que recorre al grupo encabezado por Rivera Pérez. La ciudad de Puebla es el mejor ejemplo. Primero está el quebranto financiero por 600 millones de pesos que dejó el velador Adán Domínguez Sánchez en el Ayuntamiento de Puebla, que se tradujo en su inminente defenestración como el candidato favorito de Rivera Pérez. Si eso no fuera suficiente, falta por conocer el resultado de las observaciones del ejercicio fiscal 2022, en el que la Auditoría Superior del Estado halló anomalías por más de 400 millones de pesos en el manejo de recursos por parte de Eduardo Rivera. Deuda por todas partes, una muestra evidente de que el exedil y sus empleados son pésimos administradores o, dicho de otra forma, les encanta gastar dinero que no es suyo.