La finalidad de los programas sociales debe orientarse a la solución de una problemática concreta que afecta a la población. Mediante la elaboración de políticas públicas, que el funcionamiento de dichos programas ayude a reducir y superar las carencias sociales que presentan ciertos sectores de la sociedad, ya sea para buscar una mejora educativa, mejora laboral, una mejora en salud, un mejor bienestar social, un desarrollo cultural, un desarrollo en el ámbito rural, un mejor bienestar económico, un mejor medio ambiente.
Durante los años de 1982 al 2000 se produce la mayor expansión de los programas sociales al crearse en 1988 el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), bajo la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari; en 1995, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, surge el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa). En el periodo de gobierno de Vicente Fox el programa Progres pasó a ser el Programa Oportunidades, para convertirse, durante el mandato de Enrique Peña Nieto, en Prospera Programa de Inclusión Social. Debemos señalar que, durante la administración de López Obrador, el programa Prospera fue sustituido por las Becas Benito Juárez.
El Coneval menciona que existen 17 programas sociales y que son coordinados por 7 dependencias federales de la 4T. Esto ha generado que millones de personas reciban algún tipo de programa social y redunde en que el partido en el gobierno esté fortaleciendo y agrandando su base simpatizante, pues la característica principal de estos programas son el clientelismo que se refleja en el ámbito electoral como sucedió en la pasada elección presidencial.
Cabe destacar que, según el periodista Alejo Sánchez Cano, durante 2023 se destinaron 512 mil millones de pesos a los programas sociales, de los cuales el 19 por ciento de dichos recursos públicos no tenían identificado su población objetivo, esto es, que cerca de 66 mil millones de pesos se canalizaban a ciegas, sin que llegaran a los sectores más
vulnerables y necesitados de la población.
Debemos hacer mención que los programas sociales diseñados durante los gobiernos de la 4T carecen de objetivos claros, reglas de operación, no cuentan con mecanismos de participación social, ni tampoco de evaluaciones independientes, amén de que funcionan bajo una clara lógica de clientelismo electoral. En el 2025, según el Paquete Económico aprobado, para los 17 programas sociales se destinarán 835.7 mil millones de pesos, teniendo un incremento de casi 100 mil millones de pesos respecto al 2024.
Los programas sociales para los gobiernos de la 4T son lo más importante. No importa que el sector salud y el sector educativo se encuentren en patéticas situaciones, al sufrir reducciones en sus presupuestos con tal de incrementar el de los programas sociales; en esta misma lógica, se eliminan algunos órganos constitucionales autónomos bajo el argumento de racionalizar los recursos públicos, al ser muy onerosos para el pueblo mexicano y no servir de gran cosa para el “bienestar de la población”.
Cabría decir que el objetivo principal de las administraciones de la 4T es consolidar sus bases clientelares en todo el territorio nacional para eternizarse en el poder, y para ello ir eliminando todos aquellos contrapesos que puedan interponerse en su camino.
Lo anterior sin importar que en las diferentes bases de datos haya personas, parcelas o familias enteras repetidas que cobran, o reciben apoyos al amparo de la ineficiencia de los mecanismos de control y de la corrupción imperante en el manejo de los citados programas.
