Tras el escándalo por el hoyo financiero de casi 600 millones de pesos provocado por el exalcalde Adán Domínguez Sánchez —que a la par enterró su candidatura a la dirigencia panista—, la diputada local, María Fernanda de la Barreda, presentó una iniciativa que pretende añadir la inhabilitación perpetua al arsenal legal para sancionar a servidores públicos que incurran en actos graves de corrupción.
Conocida como la Ley Adán Domínguez, surge como respuesta a los presuntos actos de corrupción cometidos durante la gestión del exedil sustituto de Puebla, toda vez que, según lo expuesto por la legisladora, comprometió indebidamente recursos públicos destinados al próximo ejercicio fiscal, lo que generó un déficit que impactó no solo las finanzas municipales, sino también la calidad de los servicios públicos.
“Estas conductas, en su mayoría derivadas de compromisos financieros irresponsables y contrarios al marco normativo, vulneran la estabilidad presupuestal y la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, constituyendo un antecedente que no debe repetirse en el futuro”, destacó la diputada del PVEM en su iniciativa.
De la Barreda apuntó que el daño provocado en la gestión panista no es solo financiero, sino también social, ya que la falta de recursos afecta directamente los derechos fundamentales de la ciudadanía y dejó un déficit importante tras la toma de protesta de José Chedraui Budib.
La propuesta de reforma al Código Penal incluye la adición de cinco nuevos artículos que detallan los casos en los que se aplicaría la inhabilitación perpetua. Este castigo, considerado severo pero proporcional, se aplicaría únicamente en casos graves de dolo comprobado, daño patrimonial significativo y afectación directa a la población.
De la Barreda argumentó que esta medida cumple una doble función. Por un lado, la preventiva, al disuadir a los funcionarios de incurrir en actos de corrupción mediante la amenaza de una sanción irreversible, así como la protectora, al impedir que personas con antecedentes de corrupción vuelvan a ocupar cargos públicos.
“El caso que motiva esta reforma no puede quedar en la impunidad ni repetirse jamás. El descontrol financiero, la ausencia de previsión y la falta de respeto por los recursos públicos han causado daños profundos que trascienden lo económico: afectan la confianza en las instituciones y minan el tejido social. Por ello, es imperativo establecer sanciones severas, como la inhabilitación perpetua, para quienes incurran en estas prácticas”, detalló.
Según explicó la diputada, países como España, Italia y Francia ya contemplan la inhabilitación perpetua en sus legislaciones y manifestó que su aplicación ha fortalecido la confianza en las instituciones, así como la protección de los recursos públicos.
La medida aplicaría a funcionarios de todos los niveles, incluyendo servidores públicos municipales y estatales, integrantes de Ayuntamientos como presidentes municipales, síndicos y regidores, así como a personal de organismos descentralizados y autónomos que administren recursos públicos. También abarcaría a quienes ejerzan funciones públicas de manera directa o a través de contratos.
La iniciativa contempla sancionar actos como comprometer recursos de administraciones futuras sin la debida autorización, generar deudas fuera del marco normativo, omitir deliberadamente las obligaciones legales en la administración de recursos, alterar el destino de fondos destinados a proyectos prioritarios y cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad financiera del gobierno.
Las penas incluyen la inhabilitación perpetua para ocupar cualquier cargo público, la restitución total del daño causado al erario, una multa equivalente a 50 por ciento del monto del perjuicio y penas de prisión que van de 5 a 15 años, dependiendo de la gravedad del daño.
Además, si el responsable devuelve íntegramente los recursos desviados durante el proceso penal, podría extinguirse la acción penal, aunque permanecerán vigentes las sanciones económicas y administrativas.
La iniciativa ocurrió luego de que el Ayuntamiento de Puebla, que estaba a cargo de Adán Domínguez Sánchez, se despidió de la gestión envuelto en un escándalo financiero de gran magnitud: un déficit de casi 600 millones de pesos que dejó a las arcas municipales en una crisis.
Meses de gastos desmedidos culminaron con esta situación, entre adquisiciones con sobrecostos, pagos millonarios en publicidad para impulsar la imagen de Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, y un aumento de hasta de 12 por ciento en los salarios de funcionarios de alto nivel.
Entre los gastos más controversiales se ubicó el despilfarro en artículos como café y box lunches, que sumaron 12 millones de pesos en 2024, así como 254 millones adicionales en servicios generales respecto al año pasado. A esto se sumó la compra de un helicóptero por 4 millones de pesos, cuyo impacto en la seguridad fue nulo, y la impresión de tazas y papelería con el lema “Ciudad de 10”, por 4.6 millones.
El gasto en comunicación social alcanzó los 105 millones de pesos para promover la figura de Adán Domínguez Sánchez, con miras a sus aspiraciones políticas y se señalaron 40 millones de pesos para la peatonalización del polígono de la UPAEP por el mismo monto, proyecto calificado como de beneficio particular.
A esto se suman irregularidades durante el proceso electoral, como la adquisición de tinacos y despensas por 42.3 millones de pesos, distribuidos en pleno periodo de veda. Mientras tanto, 45 obras públicas quedaron inconclusas debido a deudas por 50 millones de pesos y una falta de planeación adecuada al cierre de la gestión panista.
