Ricardo Raphael es un periodista de renombre, con un bagaje profesional incuestionable, al igual que Julio Astillero, ambos figuras relevantes del periodismo nacional.
Son referentes en su campo, maestros en el arte de comunicar. Sin embargo, hay lecciones que uno decide no aprender, y aquí lo digo sin rodeos: no quiero ser un chismoso disfrazado de periodista, un creador de historias que suenan creíbles, pero que carecen de pruebas contundentes. Porque el periodismo, como dijo alguna vez Gabriel García Márquez, “es el mejor oficio del mundo”, pero solo si se ejerce con ética.
A toro pasado, presenciamos una entrevista donde ambos periodistas parecían congratularse mutuamente, mientras Ricardo Raphael presumía una supuesta primicia: un documento, sin firmas ni contexto verificable, que según él era prueba irrefutable de que Adán Augusto López negoció la impunidad de los Yunes.
La acusación es grave: asegura que, previo a la votación de la reforma judicial en el Senado, el entonces secretario de Gobernación y el exsenador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, junto con su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, habrían negociado una exoneración a cambio de votos favorables.
Este supuesto pacto, según Raphael, quedó por escrito en un documento que tuvo en sus manos, aunque no puede revelar su origen para proteger a su fuente.
¿Pruebas? Bien, gracias
Lanzar afirmaciones de este calibre sin pruebas verificables es irresponsable. Creer que un pacto de este tipo quedaría plasmado en papel, como si fueran niños jugando al espionaje, raya en lo ingenuo. Es como quien intenta probar una agresión de un mando policiaco en Puebla, con un audio incompleto, sin contexto, solo para dañar políticamente a un gobierno.
“El periodista que escribe sin pruebas da licencias al silencio”, advertía Ryszard Kapuściński. Sin embargo, en este caso no se trata solo de silencio, sino de ruido: un estruendo creado para alimentar la desconfianza, atacar reformas y desviar el debate público hacia especulaciones.
Crítica o sesgo: el cobre sale a relucir
No es secreto que Ricardo Raphael ha sido un crítico constante de la reforma judicial. En junio escribió que esta iniciativa no buscaba renovar al Poder Judicial, sino “colonizarlo prácticamente por entero”. Su postura parecía alinearse con la defensa de la ministra Norma Piña, asegurando que México estaba al borde de una crisis constitucional.
Pero la realidad, como suele suceder, ha desmentido sus predicciones. Hoy sabemos que la reforma ha permitido la inscripción de más de 18 mil aspirantes a puestos judiciales, compitiendo en igualdad de condiciones, un cambio histórico frente al sistema anterior, donde estos cargos eran repartidos como premios por acuerdos políticos o económicos.
El periodismo no debe ser una herramienta para fabricar escándalos.
Debe ser, como decía John Hersey, “iluminar los
rincones más oscuros, no oscurecer la verdad con
humo y espejos”. Por ello, resulta preocupante que
figuras reconocidas opten por el sensacionalismo
en lugar de ofrecer un análisis fundamentado.
No los defiendo. El caso de los Yunes y la reforma judicial merece una discusión seria, no especulaciones vagas.
Si hubo negociaciones turbias, que se prueben. Si hay pactos secretos, que se documenten. Pero mientras tanto, la ética periodística debe ser la brújula.
Porque si algo nos ha enseñado el periodismo honesto es que la verdad no necesita adornos ni documentos sospechosos: se defiende sola, con hechos claros y verificables.
