El derecho a la salud es un derecho humano que está plasmado en los tratados e instrumentos internacionales y que está establecido en el artículo 4to. constitucional, lo que significa que todas las personas deben contar con acceso a los servicios de salud en el país. De tal manera que todos y todas tienen el derecho de aspirar a altos niveles de salud física y mental, para lo cual el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar, mediante la aplicación de leyes y de políticas públicas, el acceso universal a todas y todos a servicios de salud de calidad y que respondan a las necesidades que presenta la población.
El gobierno estatal debe diseñar las políticas públicas en materia de salud que tengan como objetivo promoverla y prevenirla, además de atender la enfermedad. Esto mediante la confluencia de instrumentos jurídicos, programáticos y presupuestales. De ahí que deba ser una prioridad en la agenda del gobierno.
En el Censo de Población del 2020, desarrollado por el INEGI, en cuanto a la cuestión de la salud en el estado de Puebla se ofrecieron los siguientes datos: la población sin afiliación a los servicios de salud fue un millón 921 mil 945 y los que están afiliados a los servicios de salud fueron 4 millones 650 mil 982. Esto no significa que tengan seguridad social, pues 2 millones 271 mil 081 personas estaban afiliadas al Insabi, institución que fracasó y ya está desaparecida, mientras que 54 mil 956 personas estaban afiliadas al IMSS-Bienestar. Estos números nos reflejan que una muy considerable mayoría de las y los poblanos realmente no cuentan con acceso a los servicios de salud realmente.
Sin embargo, un grave problema que se presenta, en el acceso oportuno y expedito para que se atienda a una persona que requiere atención médica en los servicios de salud públicos, es la desesperante tramitación burocrática, la larga espera para recibir la atención, si es que se recibe, y las fechas tan distantes para los diferentes estudios que se deben realizar en caso de ser necesarios. Esto provoca que muchas personas, incluso de escasos recursos económicos, se vean obligadas, por necesidad más que por gusto, a establecimientos privados para recibir la atención médica, ya sea en consultorios particulares o a los adyacentes a las farmacias.
Es indispensable que se mejore la infraestructura médica y se crean otras tantas para que la atención a los y las poblanas se desarrolle en unidades dignas, equipadas y con la calidad y la calidez necesarias para que reciban un servicio de salud eficiente. No se puede pensar en una calidad en los servicios de salud si no se cuenta con los insumos básicos para que el personal de la salud desempeñe con eficiencia su trabajo y pueda ofrecer un mejor servicio que cumpla con las necesidades de la sociedad. Igualmente, sin medicamentos no se puede pensar en un sistema de salud de calidad y eficiente.
Así es que el 14 de diciembre, cuando asuma el cargo de gobernador constitucional Alejandro Armenta, deberá de trabajar intensamente en esta materia, si desea saldar, en parte, la deuda histórica que se tiene con la población en cuanto a los servicios de salud, para que no se vean en la necesidad de acudir al sector privado y erogar parte de
su presupuesto familiar por la ineficiencia de los gobiernos, que no han cumplido con su obligación constitucional y que, por ende, han violado sistemáticamente el derecho a la salud que tienen todas y todos los poblanos y aplicar la receta correcta; una política publica en materia de salud cada 24 horas, hasta que termine el sexenio.
