En pleno proceso de renovación de la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, la fractura interna del partido salió a la luz con una protesta que tuvo lugar durante la apertura de la Casa de Gestión de la diputada federal Liliana Ortiz Pérez, en las instalaciones del Comité Municipal.
Lo que debió haber sido una actividad sin mayores sobresaltos se convirtió en un escenario de confrontación política, en el que militantes panistas expresaron abiertamente su hartazgo contra las figuras que, desde hace años, dominan el partido en la entidad.
Los manifestantes, algunos encapuchados, no dudaron en alzar la voz contra las principales cabezas del PAN en Puebla: Liliana Ortiz Pérez, su esposo, el excandidato a la alcaldía Eduardo Rivera Pérez, y el exalcalde Adán Domínguez Sánchez. “¡Fuera panistas!” y “¡Rateros!” fueron algunas de las consignas que resonaron durante el evento.
Lejos de asumir responsabilidad por el descontento interno, Ortiz Pérez recurrió al victimismo y utilizó sus redes sociales para descalificar la protesta, tachándola de un “acto de violencia política de género”.
En un tono desafiante, la diputada intentó desvirtuar las denuncias, alegando que se trataba de una campaña orquestada por “personas pagadas” que buscaban desestabilizarla. “No me van a detener”, exclamó, al tiempo que aseguraba que estos ataques no harían más que fortalecer su lucha.
Sin embargo, lo que no mencionó Ortiz Pérez es que el clima de insatisfacción en el PAN de Puebla no es producto de conspiraciones externas, sino de una serie de irregularidades y malas prácticas dentro del partido, que han favorecido a su grupo en detrimento de la base militante.
La protesta no es un hecho aislado: es el reflejo de un creciente descontento por la forma en que el Comité Directivo Estatal (CDE), encabezado por Eduardo Rivera Pérez, ha manejado el proceso interno.
Este conflicto llega en un momento clave: este sábado, la Comisión Permanente del PAN en Puebla celebrará una sesión crucial para definir el mecanismo de elección de la nueva dirigencia estatal, contra un grupo que busca, a toda costa, mantener el control absoluto sobre las decisiones.
