Desde un rincón con aroma a humedad, en el ostracismo profesional, Jesús Gerardo Saravia Rivera ha vuelto a tomar notoriedad porque en sus andanzas es hoy, defensor del excandidato a alcalde Marco Valencia Ávila, un sujeto que se ha visto en el pasado envuelto en procesos y en acusaciones judiciales.
El abogado del susodicho aseguró, en su cuenta de X (antes Twitter), que el Poder Legislativo conformó concejos municipales, sin haber sido notificado en tiempo y forma sobre las nulidades por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).
Por supuesto, tergiversa.
Aplica dosis intensas de mentira.
Pretende crear caos y confusión.
Ya ha sido corregido por la presidenta del Congreso local,
Laura Artemisa García Chávez; también por otras instancias
y personajes con verdadera autoridad moral, a diferencia
de él, que es precisamente su lado flaco.
Basta mirarlo desde el retrovisor para hallar en su pasado un rosario largo de bandazos
y traiciones.
Es abogado por la Escuela Libre de Derecho de Puebla.
Tiene un diplomado en Derecho Procesal Constitucional.
Fue líder de la Sección 51 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Es exdiputado federal del PRI.
Se le ubica como presunto
operador político y financiero de
la exlíderesa nacional del SNTE,
Elba Esther Gordillo.
Fue abogado del PRI, desde
el proceso electoral de 2010,
con Javier López Zavala como candidato.
Es exapoderado legal del
PRI y de la excandidata a la
gubernatura de Puebla, Blanca
Alcalá Ruiz, en las elecciones
de 2016.
En el proceso electoral de
2016, Saravia fue señalado por
“traicionar” al Revolucionario
Institucional y hay una narrativa
sólida de que “entregó” a Acción
Nacional información de las impugnaciones que presentaría
el tricolor.
En 2017, fue elegido por el Senado de la República como magistrado del TEEP, pero fue seleccionado con el voto en contra de la bancada del Partido del Trabajo (PT).
Su propuesta fue avalada por
la priista Blanca Alcalá Ruiz y la
panista Patricia Leal Islas.
Los entonces dirigentes estatales del PRD y de Morena, Socorro Quezada Tiempo y Gabriel Biestro Medinilla, respectivamente, consideraron que el nombramiento de Gerardo Saravia Rivera como magistrado del TEEP era un “pago de factura”.
El 5 de octubre de 2017, presuntamente un grupo delictivo perpetró un robo en su vivienda por la madrugada.
En 2018, fue condenado por
diputados morenistas, por su
voto a favor de Martha Erika
Alonso Hidalgo, como gobernadora electa.
La acusación fue que, aparentemente, su sufragio obedeció
a una negociación entre Acción
Nacional y la exsenadora del PRI
Blanca Alcalá Ruiz.
Luego, en diciembre 2018 fue nombrado magistrado presidente del TEEP.
Qué coincidencia.
Todo fue en su momento registrado por los medios de comunicación.
Hasta aquí las referencias.
Las conclusiones son obvias.
