Se está volviendo común (situación que no debe
ser), que al final de cada administración, cuando aún les falta rendir su último informe y entregar cuentas, los presidentes municipales, se declaren en
bancarrota y dejen en cero las tesorerías públicas.
En muchas de las veces, aparte de gastarse todo
lo presupuestado de manera irregular y anticipada,
también dejan deudas por pagar, muchos pasivos y
se llevan hasta las sillas de sus administraciones.
La ley orgánica municipal, no obliga a los ediles a
dejar recursos públicos a las administraciones entrantes. Es muy ambigua esa parte de las responsabilidades administrativas. Lo que si hacen es la entrega y recepción entre el gobierno saliente y el entrante, para
proceder al análisis del estado que guardan dichas
administraciones públicas municipales.
En la mayoría de los casos, casi todos los ediles,
terminan sus gestiones con problemas financieros y
observaciones de la auditoria superior del estado.
Son enlistados por el Congreso los que están sujetos a la ley y otros son inhabilitados.
También les fijan plazos para que justifiquen sus
cuentas y entonces, contratan despachos contables
que les ajustan y resuelven lo que les piden.
Los ayuntamientos grandes o las principales cabeceras, tienen el apoyo y la supervisión de despachos contables autorizados, que contratan para que
mes con mes entreguen sus cuentas públicas.
Cuando las autoridades municipales tienen problemas con la ASE, recurren a sus diputados locales para que les hagan el “favor” de no ser sancionados
y les avalen sus estados financieros.
Los ayuntamientos medianos, también tienen
apoyo de contadores, pero los ayuntamientos pequeños o marginados, lo único que hacen es tener un administrador de la región o un contador privado, quien los ayuda.
Por eso la transparencia y el buen manejo de sus haciendas municipales nunca funcionan correctamente.
Las capacitaciones contables que les dan por un día
o dos, poco les ayuda, puesto que en la mayoría de las
veces solo comprueban el uso de las prerrogativas,
pero en los hechos siempre es el edil quien dispone a
motu proprio sobre el erario y las obras que llevan a
cabo, con sus constructoras que ellos deciden.
El mal manejo de sus finanzas públicas es un problema de siempre y se suman los abusos de los presidentes, porque asumen decisiones por encima de
sus cabildos municipales.
Jamás se ajustan al manejo legal de los recursos
que reciben del gobierno federal y estatal, piensan
que el dinero es de ellos. En otros casos, inflan nóminas con familiares o sus cónyuges a nombre del DIF, también meten mano a las finanzas.
Es decir, los gobiernos municipales siguen teniendo
serios problemas en la planeación y el ejercicio responsable de sus recursos. Los ediles, siguen pensando en enriquecerse y hacerse de propiedades, una situación que debe cambiar y la llamada 4T tiene que poner fin a estos abusos. Al final del día, siempre aparecen los conflictos internos, las disputas por los apoyos económicos y luego llegan los cabildazos.
Mientras, las comunidades siguen esperando obras y servicios públicos.
Por ejemplo, hoy observamos una grave crisis en
la ciudad, sus autoridades están más preocupadas
por entregar cuentas claras, que por atender las necesidades básicas que sufre la capital. Hay una batalla de declaraciones del presidente sustituto (Adán
Domínguez) con su tesorero, por el llamado “hoyo
financiero” o “sobre giro de las finanzas públicas”
de unos 680 millones de pesos.
El edil electo, José Chedraui Budib, ha fijado su
postura sobre este tenebroso asunto de los fondos
económicos mal administrados, anunciando que no
permitirá abusos e investigará dicha situación.
Aunque la administración municipal panista no
lo reconoce, enfrentan una grave situación financiera. Por su incapacidad y abuso sobre los recursos públicos que manejan y hasta donde es posible entender, buscaron endeudar al ayuntamiento con un crédito por 600 millones de pesos, que difícilmente
les iban autorizar en la legislatura local.
Adán Domínguez, el alcalde sustituto de Eduardo
Rivera Pérez, por supuesto que tendrá que asumir
sus responsabilidades ante las instancias correspondientes en su debido tiempo. Lo cierto es, que la ciudad vive bajo una situación muy lamentable
y sus autoridades la han abandonado a su suerte.
Conclusión: El gobierno entrante, deberá hacer
esfuerzos para que los ayuntamientos sean gobernados honestamente y que sus presidentes dejen de lado abusos y mal uso de los recursos públicos, que son del pueblo.
El propio Congreso local y sus diputados también tienen la responsabilidad, para evitar que cada tres años, se repitan estas crisis en los 217 municipios. Porque los únicos afectados de siempre, son los ciudadanos.
