El Congreso del estado tiene en sus manos la posibilidad de profundizar en la transparencia y limpiar la oscura herencia que Francisco Romero Serrano dejó en la Auditoría Superior del Estado (ASE). Las irregularidades denunciadas por el alcalde de Zacatlán, José Luis Márquez Martínez, en el sentido de que el auditor externo Miguel Ángel Castillo Castillo se ha negado a entregar los resultados de la auditoría de la cuenta pública del exedil Luis Lecona Márquez debido a que la Comisión de Entrega-Recepción halló un quebranto financiero por 128 millones de pesos, el cual ya fue puesto del conocimiento de diferentes autoridades para que procedan en consecuencia. El caso, de entrada, debería ser analizado al interior de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE para tomar cartas en el asunto y exigir al nuevo auditor a iniciar la investigación correspondiente. Por donde se le vea, estamos frente a un escándalo: Castillo ni siquiera es poblano, es un auditor de Quintana Roo y vicepresidente del Colegio de Contadores de esa entidad. Allá se ve que le va muy bien, pero su trabajo en tierras poblanas es lamentable, al menos en el caso de Zacatlán. El auditor externo reportó un domicilio fiscal inexistente, según la visita que hicieron autoridades municipales. Para colmo, Castillo fue incluido en el selecto grupo de nueve auditores externos que habrían participado en una red de moches, en el que Romero Serrano habría cobrado el 20 por ciento, una friolera de 8.6 millones.
Escolares oportunistas
Que alguien les avise a los integrantes del Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), que en Puebla ya se autorizó legalmente que la Escuelas de Tiempo Completo (ETC) formen parte de la política pública de la Secretaría de Educación Pública estatal. En otras palabras: no desaparecerán y tendrán un presupuesto garantizado anualmente. El comentario viene a cuento porque un puñado de militantes del frente protestó en diferentes municipios para exigir que el programa continúe vigente. Pero la protesta tiene como finalidad un objetivo más profundo: que los estudiantes antorchistas utilicen el pretexto de este tipo de escuelas para continuar con el golpeteo al régimen de la 4T. El asunto es que varias ETC se encuentran en municipios en los que tiene influencia el grupo delictivo conocido como Antorcha Campesina y no pretenden perder canonjías ahora que el programa pasó a manos del gobierno del estado. Esa es la razón y no el beneficio de los estudiantes.
Precisiones panistas
Hace unos días, en nuestra edición dimos a conocer que María Guadalupe Leal Rodríguez habría sido encontrada como responsable de filtrar información sobre la reunión que sostuvieron integrantes de la fracción del PAN en el Congreso del estado con el inquilino de Casa Aguayo. Fuentes muy bien informados nos llamaron para aclararnos que Leal Rodríguez no es el topo en la trama, sino que sería Karla Rodríguez Palacios, diputada por la región de Ciudad Serdán. El cónclave, que no tiene nada de ilegal, malo o entreguista, permitió a los legisladores panistas exponer problemas de sus regiones y forma parte de la nueva política implementada en la bancada con la finalidad de privilegiar el oficio político a los arranques, berrinches o chantajes a los que un par de diputados del PAN están acostumbrados. También nos dicen en las esferas de poder ya se corrió como pólvora la idea de que Rodríguez no es de fiar y que muy poco avance tendrá en sus gestiones. Por cierto, para intentar resarcir su tropiezo decidió alinearse y votar a favor de los tres magistrados que el gobernador de Puebla propuso para encabezar la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas. En esa votación, los únicos que votaron en contra fue Rafael Micalco Méndez y Mónica Rodríguez Della Vecchia, lo cual confirma que son los únicos dos diputados locales panista que tienen una agenda propia, incluso en contra de su propio partido.
