El gobierno del presidente López Obrador, que está por concluir, dejará una serie de posibles problemas en el ámbito económico y financiero debido a los recursos destinados a financiar las reformas constitucionales que ya se han comenzado a aprobar en el Congreso de la Unión. Bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se prevé la aprobación de más reformas. Algunas de estas implican una transferencia significativa de recursos públicos, lo que podría generar un debilitamiento del erario nacional.
Diversos organismos privados, cámaras de comercio, calificadoras internacionales, académicos y analistas económicos han advertido sobre los graves problemas que podrían surgir al tener que mantener los programas de apoyo a diferentes grupos vulnerables, así como los costos asociados a la reforma de pensiones y el programa social de pensión para adultos mayores, entre otros.
De las 20 reformas constitucionales planteadas
por el Ejecutivo federal el pasado 5 de febrero, algunas podrían generar problemas económicos a corto, mediano y largo plazos. Estas reformas requieren grandes inyecciones de dinero de manera permanente para mantener los programas sociales
y evitar la incertidumbre y desconfianza del capital
privado, tanto nacional como internacional. Además, la reforma judicial, la posible eliminación de algunos órganos constitucionales autónomos, y la
reforma eléctrica representan puntos críticos.
Es importante destacar que, si no se lleva a cabo
una reforma fiscal que se enfoque en combatir la elusión de impuestos, revisar los subsidios otorgados a bienes y servicios, y ajustar los incentivos a grandes
contribuyentes, el gobierno no podrá obtener los
recursos necesarios para financiar estas reformas.
Sin embargo, no se tiene previsto implementar una
reforma fiscal en el corto plazo. Según el académico
de la UNAM Ignacio Martínez Cortés las reformas
en materia de pensiones y apoyos sociales enviadas
por el presidente López Obrador podrían impactar
gravemente el Producto Interno Bruto (PIB), con un
costo estimado del 4.1 por ciento. Además, se prevé
que para el 2050, el 63 por ciento de la población
será mayor, lo que podría generar una verdadera
crisis financiera si no se encuentran los recursos
para sostener estos programas sociales.
Por otro lado, la reforma judicial aprobada requerirá entre 3,000 y 3,500 millones de pesos para la elección de jueces, magistrados y ministros. Estos
fondos podrían utilizarse para incentivar la economía, mejorar los hospitales o las escuelas, o reforzar la seguridad pública, áreas que presentan serias
deficiencias a nivel nacional. Sin embargo, el presidente López Obrador ha priorizado esta reforma, que muchos consideran un capricho personal.
La reforma también afectará la independencia
del Poder Judicial, lo que podría generar desconfianza entre inversionistas privados, nacionales e internacionales, al no contar con la certeza jurídica
necesaria para garantizar su capital en un entorno
donde el Estado de derecho será frágil.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha
advertido que estas reformas podrían socavar el
Estado de derecho en México, afectando las operaciones comerciales previstas en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Asimismo, las reformas ponen en riesgo los compromisos de México en tratados internacionales
que garantizan un sistema judicial competente, independiente e imparcial.
Otra reforma preocupante es la posible desaparición de órganos constitucionales autónomos, que actúan como contrapesos al Poder Ejecutivo. La eliminación de estos organismos podría generar una concentración de poder en la presidencia, eliminando la vigilancia sobre sus decisiones.
La organización México Evalúa ha señalado que
el presupuesto para estos órganos representa solo el
0.05 por ciento del total federal, por lo que no se justifica su eliminación por razones económicas. Además, la transferencia de sus funciones a la administración
pública podría incrementar la corrupción, concentrar
los mercados, elevar los precios y generar desabasto
de bienes y servicios, afectando a la sociedad.
Por último, la reforma energética, declarada
inconstitucional por la Suprema Corte, también
tendrá un fuerte impacto económico al inhibir la
competitividad y generar incertidumbre jurídica,
desincentivando la inversión privada y afectando la
modernización de la infraestructura eléctrica.
En resumen, las reformas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo federal podrían tener graves consecuencias económicas para México, afectando las finanzas públicas, las relaciones comerciales internacionales, y el bienestar de la población.
México no tiene certidumbre de que las reformas
constitucionales sean el factor que dará crecimiento
económico, afianzará el estado de derecho y le dará
viabilidad futura a la política pública de asistencialismo a jóvenes y personas de la tercera edad, son precisamente estas incertidumbres las que califican
los mercados para frenar o liberar las inversiones,
nuestro país necesita del dinero proveniente del
exterior, pero los inversionistas requieren un país
fuerte, económica, jurídica y diplomáticamente,
por hoy no se ve con claridad a dónde quieren llegar
los transformadores de la 4T.
