La elección local de 2024 despertó una insana preocupación entre varios actores políticos que no alcanzan a entender que la fecha todavía está muy lejos y que si algo nos dejó como enseñanza la pandemia por la Covid-19, es que los escenarios políticos y sociales están sometidos a una presión muy fuerte que constantemente sufren cambios radicales. Dos ejemplos: Hasta hace todavía un año, un sector del círculo rojo veía a Claudia Rivera Vivanco como una de las más fuertes opositoras al gobernador Miguel Barbosa Huerta. Juraban que era el contrapeso que se necesitaba y hasta vaticinaban que era la candidata natural a la gubernatura (no se ría, eso decían). Hoy, la exalcaldesa lucha desesperada por tener un lugar en la compleja vida de los políticos, busca alianza y pretende hacer amarres con diferentes aspirantes para tener la fuerza suficiente para negociar cargos y espacios. El asunto es que la exmunícipe no ha enfrentado siquiera la prueba del ácido en sus cuentas públicas, un paso que la descartaría de cualquier cargo de elección popular si es que se encuentran irregularidades graves. Otro caso es el de Ignacio Mier Velazco, a quien el periódico Reforma le dedicó el fin de semana su primera plana para exhibir la forma en que han presionado a la Auditoría Superior de la Federación para que la actual y la anterior legislatura que ha comandado no sean sujetos del escrutinio público en el manejo de sus ingresos. Tampoco se sabe el destino y la carga política que traerá la Reforma Eléctrica y mucho menos se sabe el desenlace que tendrá la decantación del candidato presidencial de Morena. Otro que también está obsesionado con el 2024 es Alejandro Armenta Mier, cuyas aspiraciones están ligadas ineludiblemente al futuro que tenga el senador Ricardo Monreal Ávila y no ha entendido que una cosa es querer y otra es poder. A este grupo también hay que sumar a los precoces diputados locales que integran el bloque antibarbosista, encabezados por Daniela Mier Bañuelos y Carlos Evangelista Aniceto. Ambos pretenden correr antes de aprender a caminar y también ignorar que su posición es muy endeble respecto a la información que hay en su contra. Lo más sensato es que todos ellos sigan al pie de la letra la recomendación que siempre daba el exgobernador Melquiades Morales Flores: ponerse una bolsa en la cabeza.
Capacidad de respuesta
Un hecho que pasó desapercibido para la prensa poblana fue la capacidad de respuesta del gobierno del estado y de la Fiscalía General del Estado para atender el multihomicidio de una familia en Atlixco, ocurrida la semana pasada. La rápida contención permitió que la tragedia quedara al margen de los graves sucesos de Aguililla y San José de Gracia, así como en otros municipios del país que siguen siendo punto de inflexión nacional e internacional, además de ser tema obligado en La Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. También quedó en claro que el gobierno del estado tiene muy bien identificados los temas que resultaron prioritarios de atención y su desdén hacia aquellos “conflictos” patrocinados o sembrados, como fue el del bebé Tadeo, que terminaron por comprobarse que fueron una burda y despreciable medida para golpear a la administración barbosista. El asesinato múltiple de Atlixco ha sido resuelto en su origen: fue un ajuste de cuentas entre grupos del narcomenudeo sin relación en la entidad poblana. La familia ejecutada provenía del estado de Veracruz, en donde enfrentaba una serie de conflictos con bandas de ese lugar. Al migrar a la entidad pretendieron seguir con sus actividades, pero no esperaban que fueran alcanzados. Y para no dejar dudas a lo que ocurre en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta decidió abrirse de capa y explicar a la ciudadanía que estamos frente a una lucha entre grupos criminales locales que, si bien cuenta con el suministro de cárteles nacionales, optaron por disputar el trasiego y venta de narcóticos, de ahí el alza en ejecuciones y cuerpos abandonados en vía pública.
