Tener derecho a la seguridad pública significa que nuestro lector debe vivir una vida libre de violencia y, por otra parte, que la autoridad está obligada a garantizarle una adecuada operación de sus instituciones de seguridad pública, con la finalidad de protegerle en su libertad, vida, persona y patrimonio.
Lo expuesto no implica afirmar que el Gobierno es responsable de manera ilimitada por cualquier agravio que se sufra, sino que la obligación de proteger se encuentra condicionada a que se tenga conocimiento de una situación de riesgo real, y las posibilidades razonables de prevenirla.
Por esto, en enero de 2009 se publicó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma que precisa los requisitos que, cumplidos, garantizan la adecuada operación de las instituciones de seguridad pública, y minimizan en su máxima expresión la probabilidad de que acontezca un evento criminal, siendo uno de aquellos que nuestra policía municipal se encuentre certificada.
¿Qué significa esto? Que hayan obtenido un “Certificado Único Policial” que acredita que pueden desempeñar adecuadamente sus funciones de investigación, prevención, proximidad social y reacción al delito.
Ahora bien, esta ley requirió a todo el país que certificara el 100 por ciento de su policía a más tardar en enero de 2010, sin embargo, posteriormente se difundió información oficial en la que se comunicó que, hasta febrero de 2021, solo el 63 por ciento de los policías municipales a nivel nacional habían cumplido con ello.
Baste, como ejemplo, el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, quien evidenció que, al 23 de febrero del mismo año, únicamente el 80.5 por ciento de sus integrantes de instituciones de seguridad pública estaban certificados, dato del que mediante una operación matemática podemos concluir que estaría cumpliendo su obligación de certificación plena hasta febrero de 2024, es decir, con casi 14 años de retraso.
Finalmente, la omisión de certificar genera un efecto de “fruto del árbol envenenado”, pues si la policía carece de idoneidad, invariablemente así lo estará todo lo que emane directa o indirectamente de aquella, colocando a nuestro lector en un riesgo constante y no aceptable de sufrir actos criminales, y ahí la gravedad del incumplimiento referido.
¿En la ciudad de Puebla cómo estamos? Esperemos que nuestras autoridades municipales hayan cumplido la certificación aludida y, de no ser así, que lo hagan a marcha forzada, pues la contravención a la ley, más allá de consecuencias jurídicas, acarrea consecuencias materiales, en este caso, que nuestro lector se encuentre en riesgo de ser rehén del miedo delictivo en su propia casa.
