El enfrentamiento entre el presidente López Obrador y el Poder Judicial de la Federación sigue escalando en detrimento de la estabilidad política, social y económica del país. En un hecho sin precedentes en la historia de México, el lunes 26 de
agosto al primer minuto del día las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro de labores en contra de la iniciativa
de reforma judicial que propone la Presidencia de
la República y en defensa de sus fuentes de trabajo,
amén del mantenimiento de la independencia judicial. Asimismo, el miércoles 28 los tribunales y los juzgados se unieron a dicho paro en defensa de la
carrera judicial, de la independencia de los jueces,
de las juezas, de los magistrados, magistradas, y
en defensa de los contrapesos y de la sana y democrática división de poderes que debe prevalecer en nuestra nación.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la
Federación (JUFED), en voz de la jueza de distrito y directora nacional de dicha Asociación, Juana
Fuentes Velázquez, emitió un mensaje en donde
califica a la reforma judicial presidencial como un
“golpe a la democracia”. Y recalcó que realizan dicho paro de labores como defensores de los “principios fundamentales que sostiene nuestra República: la independencia judicial, la división de poderes
y la protección de los derechos humanos”.
La independencia judicial no debe verse como un
privilegio de los juzgadores, sino como un baluarte
que asegura que todos los individuos puedan tener
protegidos sus derechos de una manera justa e imparcial, sin importar la condición socioeconómica
que cada uno de ellos tenga. De tal guisa que podemos colegir de esta situación que si el Poder Judicial de la Federación no cuenta con dicha independencia
solamente se convertiría en un simple brazo ejecutor
del Poder Ejecutivo y, por ende, la justicia sería una
verdadera farsa. No se debe soslayar, como lo dice el
Dr. Miguel Carbonell, que la independencia judicial
es, sin la menor duda, uno de los pilares fundamentales del Estado Constitucional de Derecho.
Todo este vórtice es consecuencia de la obcecación por tener todo el poder, sin que exista contrapeso alguno que pueda diferir de su punto de vista.
Como bien lo pregunta Pascal Beltrán del Río, en
su Red Social X: “¿Vale la pena, por un capricho
como la venganza contra la Suprema Corte, poner a
México en la senda de una sacudida económica de
principios de sexenio?”. Al parecer sí, el titular del
Ejecutivo federal tiene la intención de que el actual
Poder Judicial de la Federación se renueve con nuevos miembros que sean incondicionales e incapaces
de ir en contra de la lógica que tiene marcada la 4T.
Todo lo anterior aunado a la propuesta del Tribunal de Disciplina Judicial que la propuesta de
reforma incluye, al eliminar al Consejo de la Judicatura Federal, pues con esto queda claro que los
jueces que no acaten las líneas del ejecutivo serán
directamente enjuiciados en materia disciplinaria y
con ello serán sometidos a los caprichos y órdenes
del Ejecutivo en turno.
Cada día se suman más barras de abogados, colegios, estudiantes de derecho, asociaciones de juristas,
universidades, ¿pero y los poderes judiciales locales?
¿No sería hora de poner sus barbas a remojar?
Hay alguien empeñado en destruir el paradigma
de los derechos humanos en México, las naciones
del mundo no pueden simplemente voltear a otro
lado como si nada pasara, está en juego el futuro de
un gran país, ¡México!
