Ante los abusos y el régimen ilegal instaurado en la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán,” ubicada en Teteles de Ávila Castillo, donde una alumna de nuevo ingreso habría sido sometida a una “novatada” en la que se le privó de agua y alimento durante varios días, posiblemente desde el 19 de agosto, el gobierno del estado tuvo que intervenir para mediar el conflicto.
Según los reportes, la alumna de nuevo ingreso fue víctima de una serie de abusos durante la denominada “semana de inducción”, hechos que podrían haber pasado desapercibidos o no denunciados formalmente por temor o represalias.
Durante este fin de semana las autoridades estatales y los representantes del consejo estudiantil llegaron a un acuerdo para redactar un nuevo reglamento que prohíba las novatadas a las alumnas de nuevo ingreso.
El incidente, que provocó que la madre de la estudiante tuviera que ir a rescatarla tras enterarse de lo ocurrido, puso en evidencia las prácticas dentro del plantel y en respuesta, se llevó a cabo una reunión que incluyó a personal de la dirección general de Gobierno, miembros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y representantes del consejo estudiantil de la institución.
Al final de la reunión, se elaboró una minuta en la que se acordó dar seguimiento a la creación del nuevo reglamento, en el cual se establece el compromiso de las estudiantes de respetar el Reglamento Interior de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, así como los derechos humanos de todos los integrantes de la comunidad educativa.
Por otro lado, el secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón, advirtió que se tomarán medidas para evitar estas novatadas, además de que se reunirá con personal de la Normal y la SEP para abordar estas prácticas en todas las escuelas.
Sobre el tema, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH Puebla) inició de oficio una investigación tras los recientes reportes de presuntos abusos y emitió medidas cautelares contra los directivos de la institución, a fin de que investiguen a fondo los hechos.
AUTOGOBIERNO DE TERROR
El periodista Ignacio Juárez, en su columna El régimen totalitario de la Normal de Teteles, evidenció en 2022 que las estudiantes que ingresan a la escuela son sometidas a un riguroso control por parte del Consejo Estudiantil, que actúa como un autogobierno.
Este consejo, que opera al margen de la ley, impone una serie de prácticas que incluyen desde la recolección de información personal de las aspirantes hasta la imposición de
“impuestos revolucionarios” a las familias, quienes deben entregar insumos y dinero bajo amenaza.
Entre los abusos más graves se encuentran las jornadas de trabajo forzado, castigos físicos y la alimentación insuficiente e insalubre que reciben las estudiantes, quienes en la “semana de inducción” mediante una tortura psicológica y física son privadas de contacto con el exterior y obligadas a someterse a las reglas impuestas por el Consejo Estudiantil.
Además, se ha denunciado que las estudiantes son obligadas a participar en actos delictivos, como el saqueo de camiones de mercancías y toma de casetas, lo que ya ha costado la vida a dos de sus compañeras.
Aquellas que se resisten a participar o intentan abandonar la institución son sometidas a castigos aún más severos, incluyendo acoso y agresiones físicas.
El Consejo Estudiantil ha establecido un régimen de terror dentro de la escuela, donde las estudiantes que colaboran con el Consejo gozan de privilegios, mientras que las demás son hacinadas en condiciones deplorables y sometidas a castigos arbitrarios. La manipulación y el adoctrinamiento ideológico son la norma, y cualquier intento de disidencia es rápidamente aplastado.
Otro hecho que causa suspicacia es que, durante el proceso de inscripción en la escuela normal, el Consejo Estudiantil recopila datos personales de las aspirantes y sus familias, violando las leyes de protección de datos, además de que tras la publicación de los resultados del examen Ceneval, el Consejo presiona para obtener la lista de admitidas y organizar la “Semana de Inducción”.
Los padres son obligados a pagar aproximadamente 2 mil pesos en artículos y otros mil 900 pesos por uniformes y mantenimiento de autobuses que no existen, bajo la amenaza de renuncia si las alumnas abandonan la semana.
Otra de las imposiciones del Consejo son los trabajos forzados en el campo o en áreas verdes, sin importar las condiciones del clima y sin permitirles protegerse con gorras, sombreros o agua, lo que ha derivado en lesiones para las víctimas.
Durante esta semana también se obliga a las estudiantes a permanecer de 30 a 40 minutos en una fosa de lodo que contiene vidrios rotos y excrementos de animales; si no cumplen con este tiempo, se les grita y se les da menos tiempo para ducharse, con lo cual muchas han optado por dejar la escuela.
El Consejo Estudiantil justifica todas estas acciones como un medio para fortalecer el carácter, la disciplina y la obediencia de las estudiantes. Sin embargo, estas prácticas han provocado una alta tasa de deserción escolar.
