La narrativa mitómana del expresidente Andrés Manuel López Obrador insistía en que las y los ministros de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación eran derrochadores, dispendiaban el dinero público y no respondían a los intereses de la sociedad. Bajo ese argumento se construyó la idea de que era necesario que la población eligiera a jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras y ministros, para que —ahora sí— la justicia se alineara con las expectativas sociales.

Como decíamos en la entrega anterior, Hipócrita Lector, el resultado ha sido exactamente el contrario. No solo se ha evidenciado una deficiente preparación técnica, un desconocimiento preocupante del procedimiento y una torpeza notoria en audiencias y resoluciones, sino que, además, quienes llegaron bajo el discurso de la austeridad han resultado ser igual o más derrochadores que aquellos a quienes acusaban.

Nada de esto sorprende. Desde el origen mismo de la llamada “reforma judicial” impulsada por López Obrador y Morena, era evidente que el objetivo no era mejorar la impartición de justicia ni hacerla más expedita, técnica y ceñida al derecho, sino someter al Poder Judicial a una lógica política. Hoy, cinco meses después del inicio de funciones de esta nueva SCJN, no se les conoce por sentencias relevantes o criterios sólidos, sino por su nula austeridad.

En este breve lapso, el gasto erogado por la nueva Corte supera ya los 23 millones de pesos, lo cual contradice —como suele ocurrir en el discurso morenista— la supuesta “austeridad republicana”. Incluso antes de asumir formalmente funciones el primero de septiembre, las y los ministros ya habían firmado un contrato para la adquisición de 12 togas, con un costo cercano a los 300 mil pesos.

Desde el inicio quedó claro que la austeridad no sería la guía de esta Corte. Lo prioritario parecía ser la escenografía: togas nuevas para ceremonias ordinarias y extraordinarias, como si el atuendo pudiera suplir la falta de técnica. Pero, como bien dice el refrán, el hábito no hace al monje. Y en este caso, las togas no han logrado ocultar la incompetencia, el desconocimiento y la ineficiencia de varios de sus integrantes.

La nueva presidencia de la Suprema Corte también comenzó con señales preocupantes. Uno de los primeros actos del ministro presidente, Hugo Aguilar, fue la contratación de un ejército de asesores: un staff de 97 personas, cuya nómina alcanza 6 millones de pesos mensuales. Un dispendio difícil de justificar en una institución que presumía cercanía con el pueblo y racionalidad en el gasto.

A ello se sumó la llamada “ceremonia tradicional de purificación y entrega de bastón de mando”, realizada en el Zócalo capitalino el día de la toma de protesta. Más allá de creencias personales, el evento —en el que participaron las cinco ministras y los cuatro ministros— tuvo un costo aproximado de 1.2 millones de pesos. Un acto simbólico, populista y demagógico, que nada aporta al funcionamiento real del tribunal constitucional.

Pero el episodio más burdo, descarado y vergonzoso fue la adquisición de camionetas blindadas de lujo Jeep Grand Cherokee para cada una de las y los ministros. Cada vehículo tiene un valor comercial cercano a 1.7 millones de pesos, más el costo del blindaje, lo que eleva el precio por unidad a más de 2.4 millones de pesos. En total, más de 21.6 millones de pesos destinados a nueve camionetas.

¿Es ético que una Suprema Corte electa bajo el argumento de la austeridad compre camionetas blindadas de lujo mientras la mayoría de la población enfrenta precariedad económica, cierre de negocios y pérdida de ingresos? Por supuesto que No es ético; es una vergüenza y es la expresión más clara del doble discurso y la doble moral del oficialismo. Esta es la verdadera cara de la llamada Cuarta Transformación.

Tras la crítica social generalizada, el ministro presidente salió a anunciar que se devolverían las camionetas, como si ello borrara el agravio. Pero el problema no es si se regresan o no, ni siquiera si algunos juzgadores requieren medidas de seguridad. El problema es la decisión misma de comprarlas.

La incongruencia es mayúscula: una Corte que se dice cercana al pueblo y austera decide gastar más de 20 millones de pesos en vehículos de lujo. Y el escándalo no termina ahí. Bajo el argumento de dejar el arrendamiento y generar ahorros, el Poder Judicial de la Federación adquirió 571 vehículos nuevos, incluidas las camionetas blindadas, con un gasto total de 252 millones de pesos.

Todo este proceso se realizó con una opacidad alarmante. No se han dado a conocer contratos, empresas beneficiadas, mecanismos de adquisición ni si existió licitación pública, invitación restringida o asignación directa. Transparencia, otra de las banderas del discurso oficial, brilla por su ausencia.

La narrativa mitómana de la Cuarta Transformación ha causado un daño profundo al sistema de justicia. Hoy tenemos una Suprema Corte integrada por personas que, en muchos casos, no cuentan con los conocimientos ni las capacidades necesarias, lo que se traduce en resoluciones más lentas, menos técnicas y más erráticas.

El gran perdedor de este experimento no es la Corte, ni el gobierno, ni los ministros; el gran perdedor es, como siempre, el pueblo mexicano.