La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó las investigaciones y la búsqueda de personas presuntamente involucradas en un esquema de desvío de recursos públicos por más de 5 mil 112 millones de pesos relacionados con contratos para prisiones federales, cuando estas estaban bajo la responsabilidad del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, confirmaron fuentes oficiales.
Con la llegada de la fiscal general Ernestina Godoy Ramos al frente de la institución, se intensificó la pesquisa de los implicados, de los cuales tres ya han sido detenidos y vinculados a proceso. Entre ellos figura Eduardo Enrique Gómez, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, junto con Jesús Alberto Caballero Tardaguila y María Vanesa Pedraza Madrid, ambos excolaboradores de García Luna.
Hace casi tres años, un juez federal ordenó órdenes de aprehensión contra 61 personas, entre ellas el propio García Luna y los empresarios Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, por su presunta participación en delitos como peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Alexis Weinberg fue detenido en Madrid en 2024 con fines de extradición y señalado como uno de los principales cómplices del exfuncionario.
De acuerdo con la Fiscalía, las pesquisas apuntan a que durante varios años se estructuró un esquema criminal para saquear recursos públicos del sistema penitenciario federal mediante la asignación y pago de contratos considerados ilegales, que generaron el daño patrimonial estimado en más de cinco mil millones de pesos.
La dependencia también ha solicitado la emisión de fichas rojas de Interpol para capturar a los prófugos, y ha activado mecanismos de asistencia jurídica internacional con el objetivo de detener a quienes faltan por detener y recuperar los bienes supuestamente obtenidos con recursos desviados.
Las investigaciones se llevan de manera independiente de otras acciones civiles y penales promovidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), relacionadas con presuntos fraudes y desvíos multimillonarios en diferentes dependencias del gobierno federal, algunos de ellos también vinculados con empresas relacionadas con García Luna.
