No se puede soslayar que son los Poderes Judiciales donde se ventilan la gran mayoría de casos que deben ser resueltos en búsqueda de justicia. La población acude a esta instancia para hacer efectivo su derecho a la justicia pronta y expedita, pero no es posible debido a las grandes deficiencias económicas, materiales y de otra índole que presenta dicha institución en cada entidad federativa.
La asignación de presupuestos en cada ejercicio fiscal es el medio por el cual, los Ejecutivos estatales negocian con los Poderes Judiciales locales, a través de los Congresos o de las legislaturas locales, y con estas irracionales prácticas someten a los Poderes Judiciales locales y les quitan toda señal de independencia y autonomía funcional.
Por supuesto, es la población la que sufre con los atrasos, falta de personal, tiempos larguísimos en la solución de un juicio, un largo etcétera. Debemos recordar que los tiempos de solución de un juicio en todas sus instancias puede durar más de dos o tres años en promedio, y que la mayoría de los tribunales locales, no cuentan con sistemas informáticos o digitales en donde, con ayuda de la tecnología puedan reducirse los tiempos de respuesta de los tribunales.
Durante 2023, las entidades federativas destinaron en promedio 1.74% del presupuesto total estatal al Poder Judicial. Los cinco estados donde se destinó el mayor porcentaje al Poder Judicial son: Chihuahua 3.6%, Ciudad de México 2.6%, Morelos 2.4%, Sonora 2.3% y Querétaro 2.3%. Mientras que los cinco estados que destinaron el menor porcentaje son: Oaxaca 1.2%, Puebla 1.12%, Durango 1.11%, Chiapas 1.07% e Hidalgo 1.04%.
Existe también otro elemento que contribuye a un cierto control y “manejo” de los Poderes Judiciales por parte de los gobernadores: la intervención del Ejecutivo y el Legislativo en los nombramientos de los magistrados(as), pues esto se ha convertido en una herramienta que facilita el intercambio de favores.
Cuatro factores básicos podrían servir de fuertes bases para fortalecerlos a nivel estatal: Contar con un presupuesto suficiente que permita el mejoramiento de los servicios de impartición de justicia. Este presupuesto debe rondar alrededor de 2.5% del presupuesto estatal y dicho porcentaje debería estar tasado en la constitución local, para que nunca sea inferior al indicado por la máxima norma.
Crear los mecanismos que permitan una mejor vigilancia y combatir la corrupción que se pueda dar a su interior.
Evitar que la designación de magistrados(as), jueces(zas) y los consejos(as) de las judicaturas sean por cuestiones políticas, se debe contemplar en la Constitución federal ciertas condiciones para que se garantice la elección de los mejores perfiles: concursos de oposición transparentes, procesos abiertos y participativos, prohibir que la persona
que desee participar tenga un tiempo definido alejado de la vida partidista o de haber sido parte del gobierno estatal.
Realizar una gran inversión en tecnologías para superar los rezagos, instaurando páginas web, que permitan presentar promociones, recibir acuerdos, dar seguimiento a los expedientes y con ello reducir los cuellos de botella que entre el formalismo y la desidia tienen los tribunales locales.
Se debe consolidar el entorno jurídico de los Poderes Judiciales, con el propósito de que cuenten con los lineamientos jurídicos que le den garantías para su buen desempeño, para contar con las condiciones que le permitan desempeñar su labor con mayor eficiencia, con mayor eficacia y garantizarle a toda la población el derecho a la justicia, sino se está violando el derecho a la justicia.
