Sin respetar la Ley de Movilidad y Transporte, ni su reglamento y sin permitir que se lleven a cabo los operativos de revista vehicular y aplicación de exámenes toxicológicos, así es como operan los transportistas controlados por la organización Antorcha Campesina al sur de la capital poblana.
Lo anterior, no obstante, reconoció el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Omar Álvarez Arronte, quien refirió que no existe un registro del número de concesiones que tiene la organización, por lo que no es posible determinar cuántas de sus unidades son piratas, es decir, que circulan de manera irregular.
La organización, ligada al PRI y que en el pasado proceso electoral respaldó la candidatura del panista Eduardo Rivera a la gubernatura, mantiene un conflicto con las Ruta Nueva Generación Angelópolis y Ruta 77A, con las cuales en el pasado hizo una alianza que ahora desconoce y que ha llevado a tener enfrentamientos en el sur de la capital por la invasión de derroteros.
Fue la administración de Rafael Moreno Valle Rosas la que permitió este intento de fusión de rutas, la cual nunca se concretó de manera legal, puesto que los dueños no acreditaron formalmente sus concesiones, por lo que no contaron con el permiso y autorización de la autoridad reguladora del transporte.
El funcionario estatal comparó esta situación con la popular frase “si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan”, ya que Antorcha Campesina sacó provecho de dicha alianza irregular y colocó ilegalmente más unidades del transporte público en los derroteros y superó en número a sus aliados, situación que generó el conflicto.
“Primero se organizan para hacer una alianza comercial y cuando se pelean porque Antorcha Campesina hace un compromiso de meter 10 unidades, y lógicamente a los tres meses ya tiene 50 circulando, y eso ya no le gustó al representante de Nueva Generación Angelópolis”, explicó Álvarez Arronte.
A finales de mayo, conductores de la Ruta 77A y Nueva Generación Angelópolis generaron caos al sur del municipio al bloquear el Bulevar Carmelitas y Avenida Las Torres por la invasión de derroteros desde hace tres años por parte de las rutas Nueva Visión y Movilomas, ligadas a Antorcha Campesina.
Y es que la organización ha empleado el mismo modus operandi para operar en la anarquía como ocurrió en los conflictos de Azumiatla y de la Ruta 100, según reconoció el propio titular de la dependencia estatal al no respetar la ley de transporte.
“No han respetado la ley del transporte ni su reglamento, no se dejan llevar a cabo los operativos de revista vehicular para saber cuántos son los que tienen concesión debidamente emplacados y cuántos son piratas, lo que implica los exámenes toxicológicos”, reveló.
EXIGIRÁN QUE RESPETEN LA LEY
A raíz del conflicto entre rutas y la organización, el gobierno del estado instaló una mesa de trabajo bajo la dirección de la Secretaría de Gobernación con la finalidad de exigir a los representantes que respeten la ley.
Para ello, tendrán que acreditar la legalidad de sus concesiones y que cuenten con seguro de pasajero, al cual los obliga la ley, ya que ante el desconcierto sobre este tipo de documentación los accidentes provocados por estas unidades han quedado impunes.
Citó como ejemplo un accidente en el que se vio involucrada una unidad de la Ruta Galgos del Sur, de la cual hasta la fecha sigue sin aparecer el dueño para que responda por los daños provocados.
“¿Qué se tiene que hacer?, tienen que respetar la ley, es muy sencillito”, aseveró por lo que reiteró que el gobierno del estado ha brindado las facilidades para que se acerquen a la secretaría para regularizarse, sin embargo, han hecho caso omiso, reconoció.
De lo contrario, advirtió, serán retiradas de la circulación las unidades que no cumplan con los requisitos establecidos en la ley.
