La propuesta de reforma judicial que envió el presidente de la República, respecto a la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, contempla la creación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), en el cual se depositará la vigencia y la disciplina de las y los servidores públicos del PJF.
La creación del TDJ tiene una implicación clara y directa en cuanto a la independencia y autonomía con la que deben actuar los ministros, ministras, magistrados(as) y jueces(as) en el desarrollo de sus funciones. Cabe señalar que es innegable que existe un consenso de la necesidad sobre la independencia judicial como elemento fundamental para que se dé un Estado Social de Derecho y contribuir a la democracia.
Asimismo, si existe una alta dosis de independencia judicial se está dando un paso importante para evitar el camino hacia el autoritarismo. Al parecer esto es lo que está sucediendo en nuestro país, donde el PJF últimamente ha ejercido un claro papel de independencia judicial que molesta al inquilino del Palacio Nacional.
También es necesario destacar que uno de los puntos críticos de la iniciativa de reforma judicial es que la duración del mandato inicial puede comprometer la independencia judicial, ya que los primeros magistrados(as) que serán electos para presidir dicho Tribunal tendrán una duración de 5 y 8 años dependiendo del número de votos con los que haya sido electos. De tal suerte que tres de los magistrados o magistradas durarán cinco años en el cargo y los otros dos magistrados o magistradas estarán ocho años.
Esto hace que coincidan en el 2030 la elección de 3 magistrados(as) y la elección del titular del Ejecutivo federal, y en el 2033 se empalme la elección de 2 de los magistrados(as) y la renovación de la Cámara de Diputados, lo cual no es para nada benéfico para la independencia y autonomía de dichos magistrados y magistrados del TDJ.
Podemos entender que, como lo señala el ministro en retiro Dr. Cossío Díaz, el TDJ tendrá independencia técnica y enorme fuerza para considerar, según las denuncias y quejas que se presenten ante dicha instancia, qué servidores públicos del Poder Judicial serán objeto de investigación por parte de este TDJ. Tómese en cuenta que a dicha institución le corresponderá conocer, investigar y sancionar con carácter definitivo e inatacable a las “personas servidoras del PJF que incurran en actos u omisiones contrarios a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia”.
Todo tipo de procedimiento disciplinario debe estar contemplado en la Ley, su órgano de aplicación debe ser imparcial, técnico y no obedecer ningún tipo de presión política, lo contrario será no solo tener jueces de elección con clara influencia política, sino un tribunal a modo, para que el poder político sancione a quien no atienda sus intereses, acabando con ello las resoluciones judiciales imparciales.
El hipócrita lector debe saber que siempre que un ciudadano promueve un juicio de amparo, siempre hablamos de una autoridad demandada en todos los niveles de gobierno, por tanto los jueces deben gozar de plena autonomía, para no ser sancionados por sus resoluciones.
