La reforma electoral de 1996 corrompió la democracia de manera profunda y en lo esencial.
Hagamos un poco de memoria:
Ernesto Zedillo se encontró contra las cuerdas por haber tomado muy malas decisiones económicas (el denominado “Efecto Tequila”) y tener que pedir prestado, sin permiso del Congreso, 50 mil millones de dólares al presidente Bill Clinton.
Ése fue claramente un delito en el que incurrieron el presidente Zedillo y Guillermo Ortiz, secretario de Hacienda.
Todo esto en el contexto de una campaña sin precedentes en contra del expresidente Salinas de Gortari y su familia.
Tanto Zedillo como Ortiz tenían urgencia de que la solicitud y el préstamo fuesen avalados por el Congreso.
Para lograr ese fin, Zedillo les preguntó a los dirigentes de los partidos de oposición (PAN y PRD) qué es lo que querían para contar con su apoyo.
“¿Qué quieren?”, les preguntó el presidente.
Al unísono, los diputados de oposición contestaron: “Que se acabe el privilegio que tiene el el PRI de contar con el apoyo del gobierno”.
En otras palabras: el fin de la ubre.
En ese momento se jugó la suerte de la democracia en México.
Entonces el presidente tomó la siguiente decisión: darles dinero del presupuesto a todos los partidos.
La reforma del presidente Zedillo transformó a todos los partidos en lo que había sido siempre el PRI.
Es decir: partidos alejados de la sociedad y de las necesidades de la gente, y dependientes del presupuesto.
Lo que fue la reforma a nivel federal se replicó en cada uno de los estados.
A partir de entonces, los partidos cambiaron la agenda y entraron a un mundo raro: el de las negociaciones entre las cúpulas para obtener cada vez más dinero de una bolsa que se repartía de acuerdo al peso de cada partido en las elecciones.
Desde entonces, la verdadera prioridad pasó a ser, sobre todas las cosas, denigrar al oponente para ser el beneficiario de un mayor porcentaje de la bolsa en repartición.
Además, se permitió que los partidos políticos tuvieran representación en el IFE para influir en el reparto del botín.
Igualmente, aprovecharon las reglas para que las cúpulas de los partidos modificaran sus estatutos en aras de convertirse en dirigencias a perpetuidad.
En pocas palabras: la reforma electoral de 1996 es la causante estructural de la desastrosa situación en la que se encuentra la relación entre los partidos y la sociedad.
En los últimos 25 años hubo un retroceso probablemente de más de 50 años en el lento y penoso camino de la construcción de una vida democrática en México.
Por eso, precisamente, hoy los partidos se disputan más las canonjías (diputaciones plurinominales, nepotismo y financiamiento público) que el favor popular.
