Durante mucho tiempo creímos que el poder tenía formas reconocibles: leyes, instituciones, discursos, cargos visibles. Sabíamos dónde buscarlo y, al menos en teoría, cómo interpelarlo. Hoy, una parte sustancial de ese poder ya no consulta intenciones: opera. Decide sin rostro, ordena con pocas palabras y administra consecuencias sin asumir responsabilidad. Vivimos en la era de los algoritmos, un poder que no gobierna como los viejos poderes, porque no necesita hacerse notar. Media decisiones del Estado, del mercado y de la opinión pública desde territorios técnicos que se anuncian como neutrales, pero que en realidad ordenan la realidad bajo criterios de eficiencia, visibilidad y control. El nuevo valor político ya no es la deliberación, sino la permanencia en el flujo; no la solidez del argumento, sino su capacidad de circular.
Este desplazamiento ha transformado la naturaleza misma de la esfera pública. También hay que aceptarlo, lo dejamos ser, a partir de una nueva forma de pereza inducida por la facilidad, la rapidez y la accesibilidad a preguntas y a soluciones. Las decisiones de influencia ya no se juegan prioritariamente en parlamentos, tribunales o plazas públicas, sino en arquitecturas digitales que jerarquizan temas, amplifican narrativas y modelan conductas. El poder de opinar se vuelve relativo frente al poder de ser clasificado. La conversación pública, cada vez más digitalizada, es también cada vez más administrada. No se trata de censura clásica, sino de algo más eficaz: la orientación constante de la atención y la normalización de ciertos marcos de interpretación como si fueran espontáneos.
El problema no es la tecnología, sino el silencio que la rodea. Cada algoritmo es una forma de ordenar el mundo, y todo orden implica una elección ética: qué se mide, qué se prioriza, qué se descarta y, en última instancia, quién cuenta y quién queda fuera. La neutralidad técnica es una ficción funcional al poder. Detrás del código siempre hay una visión de la sociedad, del ser humano y del valor. Sin embargo, estas decisiones rara vez pasan por los controles tradicionales de la democracia: no se deliberan públicamente, no se someten a responsabilidad política directa y no admiten fácilmente la impugnación ciudadana.
En nombre de la eficiencia y la supuesta objetividad, hemos delegado funciones centrales del poder público: asignación de recursos, evaluación de riesgos, diseño de políticas, comunicación gubernamental y vigilancia. Esta delegación no fue impuesta; fue consentida. La autonomía individual y colectiva cedió terreno no por coerción, sino por comodidad. Pensar cuesta más cuando la respuesta ya está dada; disentir se vuelve irrelevante cuando el sistema ya ha decidido qué es visible y qué no. Así, el poder contemporáneo no necesita justificarse: le basta con funcionar.
Por ello, el desafío no es técnico, sino político y moral. Cuando las decisiones se automatizan, la responsabilidad no desaparece: se vuelve más difícil de localizar. Y todo poder que no puede ser interrogado termina por imponerse sin legitimidad. La democracia no sobrevive solo con procedimientos; necesita sentido, límites y responsabilidad. Allí donde el algoritmo decide, alguien debe responder. Y allí donde el poder se oculta tras la eficiencia, el pensamiento crítico tiene la obligación de sacarlo de su escondite.
Para eso nace esta serie de columnas: ALGORETICA. Para nombrar un poder que actúa sin exponerse y para discutir cómo los algoritmos están modificando, de manera silenciosa pero profunda, la voluntad individual y colectiva. No solo influyen en lo que vemos, sino en lo que consideramos pensable; no solo ordenan información, sino que orientan decisiones antes de que seamos conscientes de haberlas tomado. En ese desplazamiento se juega algo más que eficiencia: se juega la libertad misma de decidir, de pensar por cuenta propia, de actuar y de asumir las consecuencias de esa acción.
Recuperar la capacidad de decidir libremente implica volver a preguntarnos no solo qué pensamos, sino por qué pensamos lo que pensamos y quién participa en esa construcción. Una ética de la conducta pública y privada no puede delegarse a sistemas que optimizan resultados sin responder por sus efectos. En esta ética, los algoritmos deben ser instrumentos, no fines; copilotos que acompañen, no robots de inteligencia artificial que decidan por nosotros. Allí donde la técnica pretende sustituir la responsabilidad humana, ALGORETICA insiste: el juicio, la decisión y la dignidad no se automatizan.
ALGORETICA nace para debatir este desplazamiento del poder. No como un alegato contra la innovación, sino como una invitación a recuperar la pregunta ética allí donde ha sido desplazada. La verdad es que, cuando las decisiones se toman sin explicarse, el problema no es técnico. Es político.
