El voz-cero de la familia Jenkins de Landa, Enrique Rodríguez Martínez, quedó en el más absoluto ridículo luego de que la rectora de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), Cecilia Anaya Berríos, aceptó sin ningún condicionamiento el campus de la institución. La actuación judicial también comprobó que fue el nuevo patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, encabezado por Horacio Magaña Martínez, el responsable de ceder la propiedad a la doctora y, peor aún, que sus empleadores no tienen ningún reconocimiento legal como patronos de esa fundación y de la Udlap. La metida de pata del exdirector del Canal Judicial -que dejó ese cargo porque sus subordinados (muchos de ellos compañeros de Televisa) esnifaban cocaína en las instalaciones del Poder Judicial- va más allá de un dislate, pues estamos frente a la máxima expresión de la estrategia de comunicación implementada para desviar la atención del conflicto que vive en esa casa de estudios, la cual consiste en la desinformación y engaño. Mientras la rectora de la Udlap había sentado las bases de la rendición legal, Rodríguez Martínez usaba su cuenta de Twitter para mantener su esquema de confusión. El objetivo es claro: entre mayor desinformación existe, menor claridad puede tener las audiencias y, por ende, son más susceptibles a la manipulación. Así ha sido todo el tiempo. Tras la intervención del campus por órdenes del Juzgado 24 de lo Civil de la Ciudad de México, a raíz de la destitución de los Jenkins de Landa de la Fundación Udlap -precisamente por estar prófugos de la justicia ante el desfalco de casi 730 millones de dólares a la Fundación Mary Street Jenkins-, la narrativa que el voz-cero implementó fue hacer creer que la universidad estaba secuestrada y que el gobierno estatal pretendía quedarse con el dinero de la fundación. Al final se comprobó que los Jenkins condicionaron siempre la reapertura a su defensa jurídica y que todo lo periférico forma parte de un guerra sucia. Al exreportero de Televisa le quedan todavía otras batallas para limpiarle la cara a sus empleadores, pero cada día se comprueba que la realidad lo ha rebasado.
El ansía por la deuda
Eduardo Rivera Pérez tiene una fijación por adquirir deuda si es que las cosas no salen como quiere, lo cual demuestra su falta de capacidad para sortear conflictos. A raíz del mazazo que recibió por parte del Congreso del estado que le negó cobrar 100 millones de pesos por concepto del Derecho de Alumbrado Público, comenzó con una campaña de victimización por falta de recursos y así justificar que estaba casi obligado a contratar un crédito bancario. Uno de sus argumento fue que la pasada gestión no le había dejado un solo peso. Con el paso de las semanas se supo que eso era falso: había dinero suficiente para cerrar sin problema el año fiscal 2021 y pagar todo lo necesario. Hoy sabemos que hubo un doble pago de aguinaldo en el Ayuntamiento de Puebla, por ejemplo; que un obtuso empleado, mano derecha del edil, gana lo mismo que el munícipe; que a la empresa que le entregó el contrato para el mantenimiento de alumbrado le da más dinero que lo que se pagaba en la gestión anterior. Como podrá entender, un despropósito de administración. Pero ahora Lalito El Gerente del Yunque pretende solicitar un crédito por 160 millones de pesos al Banco Nacional de Obras para trabajos de bacheo en la capital. El dinero, dice, será pagado con las participaciones que recibe el municipio. ¿En verdad no hay recursos para garantizar ese servicio? ¿De aquí a cuándo, una alcaldía ha tenido que endeudarse para hacer frente a una demanda prioritaria para los ciudadanos? Cada día ese gobierno va de mal en peor y el problema es que lo saben y les vale.
