Durante los casi ocho meses que la familia Jenkins de Landa ha usado el conflicto de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) para desviar la atención del multimillonario desfalco a la Fundación Mary Street Jenkins, Miguel Ángel Méndez Rojas, profesor-investigador de tiempo de esa institución, ha jugado un papel destacado al erigirse como uno de los más furibundos voceros del movimiento #UdlaLibre, azuzado por el clan, sus abogados y voceros.
Pero, la adhesión “natural” del integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II a la lucha emprendida contra el gobierno del estado por la defenestración del patronato de la Fundación Udlap, encabezada por Margarita Jenkins de Landa, está bajo una fuerte sospecha de conflictos de intereses.
La trama es sencilla: Méndez Rojas es, tal vez, el más importante científico en nanotecnología de la Udlap, y desde ahí transmite sus conocimiento y forma a alumnos de licenciatura y posgrado.
El conocimiento generado por los estudiantes es enviado, a través de servicio social o prácticas profesionales a Carbomex, una starup poblana especializada en nanotecnología aplicada a materiales y en la que se desempeña como Chief Reputation Officer (CRO).
Si la compañía o, en este caso Miguel Ángel Méndez, lo consideran importante, los jóvenes son involucrados en proyectos científicos que forman parte de la cartera de negocios de la empresa o simplemente la incursión concluye con el cumplimiento de un requisito escolar para titularse.
Sin embargo, dicho movimiento implicaría que el investigador de la Udlap cuenta con información privilegiada sobre el conocimiento generado por un alumno, la innovación de sus investigaciones o, en el menor de los casos, si es susceptible de apostar en su desarrollo como parte de la formación de nuevos cuadros. Todo ese bagaje, como es entendible, es usufructuado por Carbomex.
El financiamiento que reciben los estudiantes para el desarrollo de sus proyectos, que pueden ser entregados por la propia empresa o vía el financiamiento de otras industrias, tiene un solo fin: que Carbomex cumpla con su misión de “brindar soluciones basadas en nanotecnología e innovación a los problemas que exige la nueva era tecnológica de nuestros clientes”.
La sombra de Derbez
La situación se torna más nebulosa luego de comprobarse que Carbomex, fundada en 2016, tiene una amplia vinculación con la Udlap cuando fungió como rector Luis Ernesto Derbez Bautista, quien arribó a la institución ocho años antes de la aparición de la firma poblana y en donde también participan Thomas Antoine Espinoza y Manuel Meraz como CEO y CFE, respectivamente.
En noviembre de 2019, por ejemplo, la Udlap y Udlap Jenkins Graduate School, realizaron el evento Startup Pitch Night, en el que participaron 17 firmas en busca de un pase para el encuentro Emerge Américas que, a su vez, selecciona a “empresas en etapa universitaria, etapa inicial y etapa posterior… (para tener) acceso a los principales inversores tecnológicos y socios corporativos del mundo”.
Uno de los ganadores del Starup Pitch Nigth 2019 fue justamente Carbomex.
El vínculo de la empresa con la Udlap fue revelado por el propio Méndez Rojas, quien en un largo hilo en su cuenta de Twitter @nanoprofe, informó que la empresa donde funge como directivo, sí tiene convenios de servicio social y profesional con la Udlap. Incluso acepta que fueron ganadores en el concurso organizado por Udlap Jenkins Graduate School.
Y es ahí donde se abre una brecha más para suspicacia.
La Udlap Jenkins fue creada en enero de 2016 por el entonces rector Luis Ernesto Derbez Bautista, los vicerrectores Mario Vallejo y Mónica Ruiz, el director jurídico Jesús Mijangos, así como por Virgilio Rincón Salas y Alejandro Hernández Muñoz, autores intelectuales y materiales del desfalco de casi 730 millones de dólares a la Fundación Jenkins, al enviar el patrimonio a paraísos fiscales.
Tras la intervención del campus de la Udlap, por ordenes del Juzgado 24 de lo Civil de la Ciudad de México, el pasado 29 de junio de 2021, el nuevo patronato de la Fundación Udlap, encabezado por Horacio Magaña Martínez, halló un desfalco de casi 200 millones de pesos a las arcas universitarias a manos de ese grupo de funcionarios universitarios y abogados, quienes se valieron de ocho empresas fantasma o factureras, con socios en común o ligados a ellos, para simular la salida de dinero por servicios prestados a la institución.
Cuando este reportero difundió las escrituras notariales de la Udlap Jenkins Graduate School, Derbez Bautista montó en cólera y si bien omitió reconocer que sus socios eran sus propios empleados y los abogados de la familia Jenkins, en aras de tratar de salvar la imagen de esa empresa, el excanciller mexicano reveló que ofrecían estudios de posgrados de alta calidad a la casa de estudios cholulteca, los cuales eran impartidos en la misma instalaciones pues contaban con un comodato para su uso.
Tras la defenestración de la familia Jenkins de Landa a los patronatos de las fundaciones Udlap y Jenkins, entonces, vinieron una serie de acciones tendientes a utilizar la intervención del campus universitario como un elemento distractor y desplegar una campaña de desinformación en contra del gobierno del estado y su titular, Miguel Barbosa Huerta, al que acusaron de “secuestrar” a la universidad y, en el despropósito, de querer quedarse con los 730 millones de dólares. Esta especie fue desmentida incluso por el semanario Proceso, responsable de difundirla inicialmente.
En los casi ocho meses de conflicto en la Udlap, Miguel Ángel Méndez Rojas ha tenido un papel preponderante como uno de los voceros del movimiento #UdlaLibre. Sus redes sociales son una muestra de la actitud asumida: la réplica a la narrativa de los voceros de la familia Jenkins y el silencio sepulcral hacia la condena por el desfalco de 730 millones de dólares, y las arcas de la propia institución cholulteca a manos de Derbez Bautista y su séquito.
Incluso, el químico ha dado un paso más al llamar a la rebelión de la comunidad universitaria de la institución. El pasado 21 de febrero, publicó un comentario a un tuit de Rodolfo Ruiz Rodríguez, director de e-consulta, y uno de los acérrimos enemigos del gobernador de Puebla. Allí, se daba cuenta que la Auditoría Superior de la Federación observó presuntas irregularidades por 407 millones de pesos en la cuenta pública del gobierno del estado en el ejercicio fiscal 2020.
@nanoprofe no tuvo empacho en escribir: “Habrá que tomar la sede del poder ejecutivo y mantenerla cerrada, con policía auxiliar o seguridad privada, custodiando hasta que se aclaren los malos manejos financieros del Gobierno de Puebla”.
La defensa del CRO
Miguel Ángel Méndez Rojas fue puesto ayer en el ojo del huracán, luego de que el usuario Carlos Martínez publicara un tuit en el que se preguntaba sobre los vínculos del científico con Carbomex y la universidad. “La voz más activa de #UDLAPlibre es sospechosamente activa. El @nanoprofe debe rendir cuentas de las relaciones que hay entre Carbomex y la UDLAP. Una empresa de nanotecnología dando servicios a la uni. Eso es conflicto de intereses. Ahí es donde hay que investigar”.
El tuitero arrobó al director general de Hipócrita Lector, Mario Alberto Mejía -quien en los últimos días ha sido sometido a constantes ataques de bots por dar la noticia exclusiva de que el campus sería reabierto, lo que dejaba a los Jenkins de Landa sin pretextos- y bastó para que @nanoprofe hiciera una victimización de su papel como investigador.
Primero dijo que “derivado de que yo trabajo en la UDLAP, Carbomex no puede ser dado de alta como proveedor de servicios a la institución. Pero hemos donado nanomateriales para varios proyectos de tesis y de investigación que así nos lo han solicitado, así como a otras instituciones”.
En su largo hilo, también indicó: “No tiene, fuera de convenios para recibir estudiantes en proyectos de servicio social o de prácticas profesionales por los que no se recibe pago, ningún tipo de asociación, negocio o prestación de servicio a la UDLAP, como comentarios malintencionados han querido sugerir.
“Lamento el comentario infundado de @rebuscadon / @ciclistadino de un conflicto de interés por mi relación con Carbomex (donde soy Director de Investigación, cargo honorario, sin sueldo) y mi puesto (ahí si, cobrando) en la UDLAP, donde he trabajado por casi 20 años”.
Y para intentar dejar zanjado el asunto, sentenció: “Mi relación laboral con la UDLAP y mi apoyo como director de investigación en Carbomex no son un conflicto de interés, ni me generan beneficios personales o económicos. Son parte de mi pequeña contribución a crear una cultura de emprendimiento científico en el país”.
Al hacer una revisión a la página de internet de Carbomex y diferentes ligas sobre su actividad, se puede comprobar que el papel de Miguel Ángel Méndez no se reduce a ser “director de investigación”, sino que su cargo directivo es de Chief Reputation Officer (CRO).
¿Qué hace un CRO? De acuerdo con la revista Expansión, “el CRO es vital en la compañía, ya que actúa en situaciones de riesgo, recopila información sobre la condición de la empresa y crea estrategias para evitar adversidades.
“Y su influencia va más allá, porque sus acciones influyen también en la toma de decisiones de los clientes. La firma de comunicaciones y relaciones públicas Weber Shandwick destaca que al menos 85% de los consumidores forma sus opiniones sobre las empresas, basándose en cómo reaccionan éstas en tiempos de crisis”.
Otros manuales de dirección de empresas, que recoge Wikipedia, establecen que el CRO también es conocido como “director de reputación”, por lo que bajo su responsabilidad se encuentra “la reputación, la marca, las relaciones públicas/asuntos públicos y la gestión integrada y la coherencia y consistencia eficaces y eficientes de todas las comunicaciones internas y externas, a través de todos los puntos de contacto físicos y virtuales, con el fin de crear un entorno favorable. Base para relaciones sólidas y duraderas con los grupos de interés de los que depende la organización”.
Un punto adicional es que el CRO está íntimamente ligado al desarrollo de “un tablero de gestión integrado para medir el desempeño de las comunicaciones corporativas, la marca, la reputación y los intangibles y para revelar la responsabilidad y la creación de valor hacia el negocio y el rendimiento financiero”.
Así pues, el CRO no es un simple protector de la reputación de la empresa sino el encargado de vigilar que su comportamiento externo o interno tenga una alta efectividad en la recaudación o financiamiento.
No sobra mencionar que, si tomamos como base lo que dictan los manuales gerenciales, la postura que Miguel Ángel Méndez ha asumido en el conflicto de la Udlap rompe las buenas prácticas recomendadas, al grado de que permitió abrir paso a las sospechas de un grave conflicto de interés a manos de uno de los más entusiastas voceros del movimiento “UdlapLibre, azuzado por la familia Jenkins de Landa, sus abogados y voceros.
RECURSOS
Un conflicto de interés
Activismo a favor de los Jenkins
