Integrantes de la ultraderecha poblana, aglutinados en el Consorcio Universitario de Puebla, encontraron en el conflicto de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) la oportunidad perfecta para contraatacar los embates sufridos en los últimos años a sus pequeños grupos de interés desde los gobiernos estatal y federal.
Ante la negativa de la rectora de la Udlap, Cecilia Anaya Berríos, de reabrir el campus cholulteca hasta que se reconozca a la familia Jenkins como los patronos “legítimos” de las Fundaciones Mary Street Jenkins y Udlap, el consorcio conformado por cinco universidades –cuatro de ellas de corte confesional, que va desde el evangelismo hasta los Legionarios de Cristo, del pederasta Marcial Maciel– se montaron políticamente en la disyuntiva, al ofrecer sus instalaciones para que los alumnos tomen clases de manera provisional.
La iniciativa fue vendida mediáticamente como un apoyo para “reivindicar el espíritu de colaboración y diálogo en fraternidad”, y para “poner en término el interés superior de la educación de los jóvenes”. Pero, lo que no dijeron o explicaron es por qué la BUAP, la universidad más importante de la entidad, no se sumó a la propuesta.
Sin embargo, basta recordar los lazos que unen al Consorcio Universitario con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Organización Nacional del Yunque, para conocer los intereses que mueven al grupo de rectores poblanos.
Y es que estos tres grupos de interés se han convertido en una herramienta de ataque contra el gobierno del estado, al colgarse del conflicto de la Udlap para exigir una reapertura del campus que, quedó claro en expedientes, no corresponde al Poder Ejecutivo, sino a la misma rectora colocada por Margarita Jenkins de Landa para defender sus intereses, tras las órdenes de aprehensión giradas en contra de los suyos por el desfalco de casi 730 millones de dólares.
A la par, causa suspicacia que este Consorcio Universitario, que hoy se jacta del apoyo sin fines de lucro a la universidad cholulteca, también esté relacionado directamente con uno de los perfiles de mayor peso de El Yunque: Eduardo Rivera Pérez, con quien se reunieron en junio del año pasado cuando el munícipe fue declarado alcalde electo de Puebla capital.
Fue en ese periodo cuando el edil sostuvo los primeros acercamientos con los detractores del gobernador Miguel Barbosa Huerta, agrupados en la Coparmex, CCE, Canacope, así como las casas de estudios poblanas: José Mata Temoltzin, rector de la Universidad Anáhuac Puebla; Jorge Francisco Rocha Orozco, director general del Instituto Tecnológico de Monterrey campus Puebla; y Emilio José Baños Ardavín, rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep).
Son estos mismos rectores los que en los últimos años han protagonizado una afrenta directa contra el gobernador. Basta recordar el caso de José Mata Temoltzin de la Anáhuac, quien en mayo de 2020 acusó falsamente que Barbosa Huerta intentaba “adueñarse” de escuelas privadas con la nueva Ley de Educación, misma que a más de un año desde su aprobación en el Congreso, no ha generado ningún tipo de problemas.
El rector de la Ibero, Mario Ernesto Patrón Sánchez, es otro académico que encontró en la Udlap la oportunidad de colgarse del tema, al acusar que la solución al conflicto de la universidad cholulteca era evitar la presencia de elementos armados al interior del campus por ser considerada una “violación al estado de derecho”, pero sobre del desfalco cometido por los expatronos de la Fundación Mary Street Jenkins no mencionó nada.
Bajo la misma intención se ha pronunciado el rector Emilio Baños Ardavín de la Upaep, quien con un débil pronunciamiento, exhortó a los diversos actores involucrados en el tema de la Udlap a “resolver el conflicto” en diciembre del año pasado.
Lo cierto es que son claros los lazos que unen al rector con otros detractores del gobierno estatal, tal es el caso de la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, quien fue cobijada durante todo su trienio por Emilio Baños en los eventos más importantes que celebró, como su tercer informe de labores.
Desde el Tecnológico de Monterrey también se ha orquestado el golpeteo, no sólo al gobernador, sino al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Mientras a nivel local su director general del campus Puebla, Jorge Francisco Rocha Orozco, replicó el discurso de “secuestro” a la Udlap, el presidente del consejo de administración del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, José Antonio Fernández Carbajal, conocido como “El Diablo”, inició una pugna contra el mandatario federal por la nueva Reforma Energética.
El también presidente del Consejo de Administración de Grupo Femsa –la cual está detrás de las tiendas de conveniencia Oxxo–, inició una campaña mediática contra López Obrador, luego de que éste último evidenció que estos comercios de logo rojo pagaban menos que tiendas de abarrotes convencionales, lo que representaba una pérdida de 593 millones de pesos por ausencia de pago por el transporte de energía.
