El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina se sumó a homólogos de 22 estados y 32 fiscalías de los estados para pronunciarse a favor de mantener la prisión preventiva oficiosa en el país, informó la secretaria de Gobernación federal (Segob), Luisa María Alcalde Luján.
Y es que en caso de que se suprima esta figura del Código Penal federal, en la entidad poblana serían liberados 3 mil 44 reos peligrosos, quienes se encuentran en prisión por incurrir presuntamente en delitos de narcotráfico, delincuencia organizada, feminicidio, pederastia, abuso infantil, corrupción de menores, secuestro y homicidio.
En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria federal dijo que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación elimina la prisión preventiva oficiosa, se vulneran las facultades del Poder Legislativo.
Asimismo, dijo que en este sentido los gobernadores de las entidades federativas deben ser tomados en cuenta, así como sus fiscalías, pues existe una preocupación de que estos delincuentes salgan a las calles a continuar delinquiendo.
“Por ahora más de 23 gobernadores sacaron un desplegado, porque hay preocupación de todas las fiscalías y prácticamente de todos los gobernadores que saben y conocen que puede ser problemático para la gobernabilidad y para la seguridad de sus entidades”, apuntó.
Alcalde Luján pidió prudencia a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que no tomen una decisión sin medir las consecuencias y sobre todo sin considerar las opiniones y necesidades de los poderes ejecutivos, legislativos y las fiscalías.
Explicó que la oposición a eliminar la prisión preventiva no es un asunto exclusivo del gabinete de seguridad ni una preocupación que solo está en el gobierno de la Federación, sino de todas las entidades.
Recalcó que los gobernadores, fiscales y hasta secretarios de seguridad están preocupados por lo que significaría el cambio de medida cautelar para alrededor de 68 mil personas que actualmente están bajo esta figura.
“De nulificarse el artículo, van a pedir de inmediato el cambio de medida cautelar. Imagínense el Estado de México con más de 20 mil casos donde de repente van a llegar a los juzgados y se les va a exigir a las fiscalías que lleven a cabo las audiencias para el cambio de medida, por eso el riesgo de que muchos de ellos se determine su libertad”, advirtió.
Enfatizó que esto tendría un impacto en la seguridad del país pues es sabido que hay corrupción en el Poder Judicial y provocaría que los jueces dejaran a los presuntos delincuentes en libertad.
