La Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, perteneciente a la Fiscalía General del Estado (FGE), ha dado curso a una denuncia presentada contra Adán Domínguez Sánchez, alcalde suplente de Puebla, por el presunto uso indebido de recursos públicos con fines electorales, reveló la presidenta de la asociación civil Unidos por Puebla, Paola Migoya.
Estas denuncias están relacionadas con la entrega de tinacos azules a ciudadanos durante la etapa de veda electoral, una acción violatoria de la equidad en la contienda que buscaría favorecer al candidato Eduardo Rivera Pérez, así como a otros integrantes de la coalición Mejor Rumbo para Puebla.
Migoya recordó que esta denuncia fue presentada también ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), lo que se suma a otras querellas tramitadas previamente, como lo es el presunto desvío de 106 millones de pesos de las arcas del Ayuntamiento que fue dirigida contra Adán Domínguez Sánchez, Eduardo Rivera y el exsecretario de Administración, Bernardo Arrubarrena.
DENUNCIA ENTREGA DE TINACOS
La presidenta de Unidos por Puebla, sostuvo que luego de que se diera a conocer la donación de tinacos azules en distintas colonias, bajo condiciones de apoyar al abanderado panista, interpuso una denuncia ante la Secretaría Ejecutiva del IEE, así como en la Fiscalía de Puebla.
Migoya explicó que la problemática principal no es la entrega de beneficios, sino que estos habrían sido adquiridos mediante el uso indebido de recursos públicos, transgrediendo el artículo 134 de la Constitución.
La también integrante del Partido Verde señaló que, desde la asociación, no hay inconformidad por la entrega de programas sociales, sino que estos han sido usados por Adán Domínguez con la intención de que el partido pueda llegar a la gubernatura.
“Estamos cansados de que los políticos mal usen el recurso que debería de estar en salud, seguridad, por cierto, que dejó muy mal Eduardo Rivera en este rubro. No es lo importante si dan tinacos o camisetas, aquí lo importante es el desvío de recursos públicos con fines electorales”, apuntó.
Paola Migoya recordó que, además, aún hay denuncias pendientes por el presunto desvío de 106 millones de pesos de las arcas municipales desde la gestión de Eduardo Rivera para impulsar su candidatura.
Señaló que esta primera denuncia presentada hace unas semanas responde, entre otras cosas, al pago de 19 millones destinados para la encuestadora Massive Caller para un estudio demoscópico supuestamente destinado a evaluar el desempeño del Ayuntamiento, pero que en realidad fue utilizada para promover la imagen de Rivera de cara al proceso electoral.
Expuso que esta denuncia, fue presentada ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no sólo contra Eduardo Rivera, sino también contra Adán Domínguez y el exsecretario de Administración Bernardo Arrubarrena.
Sobre este tema, adelantó que la próxima semana habrá una audiencia inicial de la ASF para evaluar las pruebas presentadas por Migoya, lo que advirtió, podría costarle la candidatura a Rivera en caso de que se validen las violaciones electorales.
Sobre la entrega de tinacos, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, emitió una importante advertencia este miércoles respecto al uso de programas sociales durante el período de veda electoral. Su llamado fue suspender aquellos programas que no sean esenciales y que podrían interpretarse como una forma de coaccionar el voto.
Esta declaración surge tras la controversia generada por la distribución de tinacos en la ciudad de Puebla, realizada en dos ocasiones por el Ayuntamiento, cuya metodología y transparencia han sido cuestionadas y que además, el proceso de selección de beneficiarios y la falta de detalles sobre la empresa contratista han levantado dudas entre los integrantes del Cabildo.
El gobernador Céspedes Peregrina puntualizó que el IEE tiene la responsabilidad de analizar detenidamente cualquier entrega de programas sociales que pueda infringir la ley electoral para favorecer a ciertos candidatos.
Asimismo, apuntó que los ayuntamientos deben actuar de manera ética y en concordancia con las leyes electorales. Si bien algunas entregas de programas sociales pueden continuar debido a su naturaleza no modificable o por su impacto en sectores como el campo, otras que no cumplen con estos criterios deben ser detenidas durante el período de campaña.
