Ignacio Juárez/Mario Alberto Mejía
(Tercera y última)
Acorralados por las autoridades fiscales, judiciales y estatales que hallaron inconsistencias suficientes para revocar la autorización para recibir donativos, lo que implicaría pagar impuestos equivalentes a 4 mil 505.6 millones de pesos, así como para ser destituidos como patronos y quitarles la administración, los integrantes de la familia Jenkins de Landa planearon junto con el abogado Virgilio Rincón Salas la ruta jurídica que les permitiría sacar del país el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, valuado en casi 730 millones de dólares (15 mil 018.7 millones de pesos) y usufructuarlo de manera particular.
Ese panorama quedó asentado en el contrato signado entre Virgilio Rincón Salas -del bufete Rincón, Mayorga, Román, Illanes, Soto SC- y Guillermo Jenkins Anstead, quien fungió como presidente de la Fundación Jenkins hasta su muerte en 2016.
Allí también se desprende que la situación del clan era a tal grado incierto que no tuvieron empacho en entregar al abogado el 15 por ciento de los activos de la institución (un poco más de 2 mil 200 millones) a cambio de que les permitiera quedarse con el resto.
Dicho contrato -cuya copia obra en poder de esta casa editorial- forma parte del voluminoso expediente que se sigue en el litigio por el desfalco de la Fundación Jenkins y que derivó en la intervención de la Universidad de las Américas Puebla, uno de los activos del patrimonio de esa institución.
A decir de Guillermo Jenkins Anstead, el contexto en que se firmaba el contrato no era nada halagüeño. Por ejemplo, la Fundación enfrentaba “demandas judiciales y penales planteadas por Guillermo Jenkins de Landa”, así como “auditorías fiscales en la Fundación y la empresa filial Reforma Bicentenario”.
Derivado ambos procedimientos, explicó el entonces presidente del patronato, “existe la posibilidad real e inminente que la autoridad de la materia inicie un procedimiento administrativo de naturaleza fiscal que amenazaría a la Fundación con la revocación de la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos y cuestiona la validez de ciertas operaciones efectuadas por la Fundación”.
La revocación, revela el documento, “resultaría en que la Fundación se vea obligada a pagar impuestos federales que pueden ser de hasta el 30% de su patrimonio, dependiendo de la determinación de la autoridad”.
El miedo a la intervención
Pero eso no es todo, Jenkins Anstead también reveló que tenía “conocimiento de que ante la Junta de Beneficencia Privada del estado de Puebla (sic), están presentados diversos procedimientos administrativos que pueden significar la remoción de los actuales miembros del patronato, causando que la Fundación quede a merced de patronos designados por la autoridad”.
El tema va más allá: “La posibilidad de que a petición del gobierno del estado de Puebla se inicie un Procedimiento de mediación ante la Junta de Beneficencia Privada del estado de Puebla, promovido por Guillermo Jenkins de Landa en el cual la autoridad ha amenazado con ‘intervenir’ la Fundación”.
En la página 3, considerando 7, el presidente del patronato de la Fundación Jenkins no oculta su desesperación al afirmar que “existe un riesgo inminente” hacia los intereses de esa institución, “pues las acciones de Guillermo Jenkins de Landa aunadas a las acciones que han iniciado las autoridades fiscales federales y locales competentes, quien han realizado advertencias y amenazas de una intervención, que concertadamente o no, resultan ser contemporáneas, coexisten e implican la atención de distintos frentes desde el punto de vista legal”.
Y para justificar la actuación que llevaría a cabo el abogado Virgilio Rincón Salas de sacar del país el patrimonio de la Fundación, los Jenkins de Landa se montaron en la “clausula de salida” supuestamente incluida en las bases constitutivas dictadas por el patriar William O. Jenkins en 1958, que se puede hacer válida “ante cualquier pretendida intervención de cualquier autoridad, ya sea del orden federal, estatal o municipal y bien, judicial, ejecutivo, legislativo, voluntad, esta, que por ser proveniente del fundador se encuentre incólume y por tanto surte plenos efectos frente a las autoridades y a los propios particulares”.
Lo que vino después
A partir de la firma del contrato, Virgilio Salas Rincón puso en marcha la estrategia jurídica que permitió sacar el patrimonio de la Fundación Jenkins. Primero lo hizo a través de la Fundación Bienestar de Filantropía que fue creada exprofeso, en abril de 1994, para recibir como donación 630 millones de dólares de la Fundación Jenkins.
Tanto Bienestar de Filantropía como Mary Street Jenkins tenían a los mismos patronos y representantes legales, lo que facilitó la trama.
Una vez con los recursos en sus cuentas, la primera fundación se mudó en diciembre de 2014 al paraíso fiscal de Barbados, en donde permaneció hasta noviembre de 2015 cuando se creó, en Panamá, la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano que recibió los recursos que Bienestar de Filantropía tenía en su poder.
Todo este montaje no pasó desapercibido para las autoridades mexicanas debido a que Guillermo Jenkins de Landa mantenía un embate judicial contra sus parientes.
El primer paso fue ante la Procuraduría General de la República que inició una investigación en contra los integrantes del patronato. En mayo de 2018, a unos meses de que Enrique Peña Nieto dejara el poder, esa institución determinó el No Ejercicio de la Acción Penal en contra de los Jenkins de Landa.
Con el arribo de Andrés Manuel López Obrador, la nueva Fiscalía General de la República analizó la decisión y encontró que para evitar que se echara abajo se “omitió informar al denunciante Guillermo Jenkins de Landa” y en su lugar notificaron de la resolución a Félix Edmundo Bautista Salazar, uno de los abogados de los Jenkins de Landa.
La Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada del Estado de Puebla, entonces encabezada por José Gustavo Garmendia Domínguez, tampoco actuó en consecuencia.
Ante estas irregularidades, la FGR revocó el No Ejercicio de la Acción Penal y consiguió que se giraran órdenes de aprehensión en contra de Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Roberto Jenkins de Landa, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Margarita Jenkins de Landa (presidenta de la Fundación Udlap), Juan Carlos Jenkins de Landa (presidente de la Fundación Jenkins en ese momento), María Eloína Jenkins de Landa, Manuel Mestre Martínez, así como de los abogados Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Carlos Román Hernández.
La FGR procedió a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Monedad de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, bajo la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-PUE/000934/2020.
Una denuncia adicional se siguió en la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante la carpeta de investigación 2886/2020/ZC.
A la par, en mayo de 2020, la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (en el juicio 1505/18-12-01-4/1587/19-S2-09-04) emitió una resolución en la que determinó que la Fundación Jenkins “no cumplió con el objeto social para el que fue creada y autorizada”, ya que al hacer el análisis a los donativos otorgados y supuestas obras de beneficencia, se conoció que destinó la mayor parte de sus recursos “fue para beneficios para los miembros del patronato de la fundación, familiares consanguíneos e instituciones en las cuales tiene injerencia”.
Fue hasta el 8 de marzo de 2021, cuando un juez de Control de Almoloya de Juárez libró una orden de aprehensión en contra de los Jenkins de Landa y sus abogados por el delito de lavado de dinero. A finales de ese mes, un juzgado federal se rehusó a amparar a la familia en contra de la posibilidad de ser detenidos.
Ante ese escenario, el 12 de marzo, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla también presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por el desfalco.
Los Jenkins de Landa recibieron un nuevo revés, luego de que, a finales de mayo de 2021, el juez Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el embargo de bienes de la familia Jenkins para garantizar la devolución del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins.
