La brutal represión y las violaciones a los derechos fundamentales durante la marcha del 8-M en Puebla desencadenó una medida contundente: la solicitud de revocación del mandato del presidente municipal, Adán Domínguez Sánchez, y de la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), María del Consuelo Cruz Galindo.
Además, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Puebla inició una investigación de oficio ante las agresiones sufridas por las mujeres en la marcha y condenaron el actuar de los uniformados, por el riesgo a la integridad y seguridad de las participantes.
El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, condenó cualquier forma de violencia e intimidación y anunció que, desde la Secretaría de Igualdad del gobierno del estado, darán seguimiento a todos los casos de agresiones registradas, tanto a contingentes como a medios de comunicación.
Las represiones durante la marcha generaron una serie de reacciones contra el gobierno municipal panista. Un ejemplo fue el candidato a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quien expresó que la Comuna fue contraria a sus obligaciones de garantizar el derecho a la manifestación.
“Como lo marca la ONU, garantizar el derecho a la protesta feminista es la primera de las obligaciones de los gobiernos para atender un movimiento que representa un cambio de época”, colocó en su cuenta de X.
Mónica Silva Ruiz, diputada con licencia y defensora de los derechos de las mujeres, también condenó de manera contundente los hechos de represión y tachó estas acciones como “inadmisibles”, toda vez que las mujeres que decidieron marchar buscaban simplemente hacer valer sus derechos y exigir respeto.
Los hechos ocurridos a nivel nacional de represión y violencia contra las mujeres que decidimos marchar alzando la voz para exigir el respeto y garantía de nuestros DDHH son inadmisibles. pic.twitter.com/Ayt1c5c2yP
— Mónica Silva (@msilvaruiz) March 9, 2024
Incluso, el descontento alcanzó a políticos locales del PAN, como el candidato a la alcaldía de ese partido, Mario Riestra Piña, quien lamentó las agresiones sufridas hacia las feministas y dejó claro que este tipo de actos no deberían repetirse.
“Todos los órdenes de gobierno en todas las manifestaciones tenemos que hacer un esfuerzo por velar por la integridad y la paz de estos ejercicios democráticos”, dijo.
EXIGEN REVOCACIÓN DE MANDATO
Después de que la administración municipal de Puebla mostrara un claro desdén hacia los derechos de las mujeres, la fracción de Morena en el Cabildo de Puebla anunció que solicitarán la revocación del mandato del presidente municipal, Adán Domínguez Sánchez, junto con la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), María del Consuelo Cruz Galindo.
En un comunicado, el regidor Leobardo Rodríguez Juárez, representante de Morena, anticipó que realizarán esta solicitud basándose en la violación de las garantías individuales y sociales de las personas que participaron en la manifestación del Día Internacional de la Mujer.
Esta petición se respaldará con el artículo 59, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal, buscando la revocación del mandato del presidente municipal Adán Domínguez Sánchez, quien fue designado en el cargo por el actual candidato de Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez.
Rodríguez Juárez, además de condenar la brutalidad ejercida por la policía municipal, recordó que no es la primera vez que el gobierno de la ciudad intenta disuadir protestas legítimas. El año pasado, ejemplificó, la SSC intimidó a pobladores de la junta auxiliar de La Resurrección y detuvo al entonces edil subalterno, Adolfo Pérez.
COMUNA DESLEGITIMA MANIFESTACIÓN
Luego de que se difundieran imágenes de las veladas represiones hacia mujeres y medios de comunicación, el Ayuntamiento de Puebla redujo la problemática a la intervención de dos presuntos infiltrados en la protesta, deslegitimando las agresiones hacia los contingentes.
Según la versión proporcionada por el Ayuntamiento, reprobaron la presencia de “personas ajenas” que, según ellos, se infiltraron en el movimiento con el único propósito de generar tensión.
El documento detalla que la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un dispositivo destinado a “resguardar a las participantes de los diversos contingentes”. Sin embargo, no se realizaron señalamientos sobre las agresiones y la represión generalizada hacia mujeres y medios de comunicación.
Contrariamente, afirmaron que “en todo momento se aplicaron los protocolos de actuación correspondientes”, y destacaron que los visitadores de Derechos Humanos podrán verificar los hechos.
