Las observaciones dirigidas al expresidente municipal de Puebla y actual candidato de Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, sobre irregularidades en la entrega de recursos a empresas, se vieron finalmente materializadas en un informe a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyo análisis concluyó que el panista dejó el Ayuntamiento de Puebla en medio de un posible daño patrimonial de 61.6 millones de pesos durante 2022.
Lo anterior significa no solamente que, en promedio, diariamente el gobierno municipal cometió deficiencias en la aplicación de 168 mil 932 pesos, sino que el munícipe, dejó su cargo para perseguir la gubernatura desde la oposición siendo el séptimo alcalde con la mayor cifra de irregularidades fiscales detectadas en todo el país en ese año.
Las anomalías casi son equiparables a las alcaldías de Ecatepec, Tecámac y Nezahualcóyotl del Estado de México; Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, de la Ciudad de México, y San Pedro Garza García, Nuevo León, donde la unidad fiscalizadora registró las mayores cifras de presunto daño patrimonial en la hacienda pública.
El exedil, solicitó licencia dejando atrás una serie de observaciones de la ASF, que van desde asesorías legales donde no se proporcionaron constancias de situación fiscal ni de inscripción de las empresas proveedoras, hasta la falta de facturas en la contratación de la compañía que se encargó de brindar el sistema “Ángela”, un presunto chatbot operado bajo inteligencia artificial, que en realidad resultó ser un simple ejecutor de asistencia virtual por WhatsApp.
Las irregularidades que tendrá que solventar la Comuna, por el momento ya le pasaron factura al candidato Eduardo Rivera, toda vez que, de los seis resultados determinados por la ASF, en cuatro se generaron dos Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y dos Pliegos de Observaciones.
El universo de recursos auditados por la ASF fue de 114 millones 529.3 mil pesos, de los cuales, la unidad fiscalizadora detectó que fueron 61.6 millones de pesos con diversas anomalías que podrían determinar un daño a la hacienda.
DAÑO PATRIMONIAL
En el examen minucioso llevado a cabo por la Auditoría Superior de la Federación, se revelaron dos potenciales afectaciones financieras. El primero, según el documento, fue por la cantidad de 57 millones 205 mil 037 pesos.
Esta cifra se desglosa en varias categorías de observaciones, destacando en primer lugar una carencia de documentación que avale la prestación completa del servicio de asesoría, consultoría, análisis, seguimiento, trámite y defensa legal del Ayuntamiento, así como un plan de difusión estratégico por un monto de 16.1 millones de pesos con la agencia Chávez, Cuevas, Jauregui y Barber.
Este monto también incluyó el contrato con la compañía Consultores ANCOM, para el servicio de atención ciudadana inteligente, llamado también “Ángela”, el cual fue presumido por la gestión de Eduardo Rivera como un importante avance tecnológico del cual se desprenden también anomalías, al no presentarse la constancia de inscripción en el padrón de proveedores del municipio.
Otro aspecto señalado por la ASF es la suma de 4 millones 780 mil pesos, atribuida a la falta de coherencia en los periodos de ejecución del contrato del servicio difusión del quehacer gubernamental de la Comuna, contratado con la firma Tecnopolítica Servicios Digitales SA de CV.
La mayor cifra se desprende en 36.2 millones de pesos, resultado de deficiencias en dictámenes para la firma de un convenio, incumplimiento de requisitos normativos y la ausencia de presentación de la cesión de derechos de cobro a favor de una empresa, todo vinculado a un convenio derivado de un juicio civil.
El informe de la ASF también explica la existencia de un segundo posible daño patrimonial, valorado en 4 millones 455 mil 297 pesos, inconveniente que se relaciona con inconsistencias en los reportes de pagos de Participaciones Federales a Municipios 2022 y la falta de documentación en el proceso de entrega-recepción, respecto de tres licitaciones de obra pública.
Se trata de dos contratos para el bacheo de calles con las personas físicas y morales, Víctor Hugo Hernández Martínez y Grupo Italo Poblano S de RL de CV, en las que no se presentaron pruebas de la calidad de los materiales utilizados respecto de las estimaciones de ambos contratos.
De igual forma, el contrato pagado a la empresa Contructora Gaype SA de CV para el mejoramiento de infraestructura vial a nivel de terracerías, aunque contó con la información del proceso de ejecución y pago de la obra, ésta presentó inconsistencias con lo originalmente reportado como pagado, siendo un monto superior con la información presentada.
Asimismo, no se presentó documentación respecto del proceso de entrega-recepción, finiquito y extinción de obligaciones y derechos de estas obras, por lo que la ASF no logró determinar que la obra fuera terminada en el tiempo pactado.
“En el ejercicio de los recursos, el Municipio infringió la normativa, principalmente en materia de obra pública y adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 61,660.3 miles de pesos, que representan el 53.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes”, concluyó la ASF en su informe.
El balde de inconsistencias caerá directamente al edil suplente, Adán Domínguez Sánchez, quien una vez que tuvo conocimiento del informe, manifestó que el gobierno municipal proporcionará la documentación necesaria para abordar las observaciones, sin haber recibido hasta el momento una notificación oficial de las inconsistencias.
“Somos un municipio completamente transparente, reconocido por ser el más transparente del país. En ese sentido, estamos seguros ante las dudas planteadas por la Auditoría”, aseguró.
SUMAN IRREGULARIDADES
En 2023, la ASF también reveló irregularidades por 9.5 millones de pesos en el contrato de alumbrado público durante los primeros tres meses de la gestión de Eduardo Rivera en el Ayuntamiento de Puebla.
El informe destacó que el contrato con Vital LED Iluminación, vinculada con Edgar Nava, no se ajustó a los montos presupuestados, generando un posible sobrecosto de 9 millones 598 mil 895 pesos.
Además, se impusieron actos de promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias por no fundamentar la adjudicación directa a la empresa no inscrita en el Padrón de Proveedores y se señaló también la vinculación comercial con otra empresa, evidenciando un caso de posible simulación de competencia.
