Las fuerzas de seguridad del estado de Puebla, en el último año, lograron la detención de 91 delincuentes identificados como objetivos prioritarios por su participación en delitos de alto impacto cometidos en la entidad, así como de otras 2 mil 836 personas por la comisión de diversos ilícitos; esto equivale a un promedio de 8 delincuentes aprehendidos por la corporación diariamente en los últimos 12 meses.
Este logro se complementó con la ejecución de 294 mil 671 operativos de seguridad y vigilancia preventiva, que corresponden a un aproximado de 81 que se ejecutaron diariamente en el estado durante 2023.
En la misma medida ocurrió el despliegue de 394 operativos coordinados con policías de diferentes municipios de la zona conurbada del estado, entre éstos Puebla, Cuautlancingo, Coronango, San Andrés y San Pedro Cholula, entre otros.
Estas cifras fueron brindadas durante la comparecencia del titular de la SSP, Daniel Iván Cruz Luna, como parte de la glosa por el primer informe de labores del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, donde el funcionario dio detalles sobre detenciones, decomisos, incremento del estado de fuerza, mejoramiento de los centros de control y vigilancia, entre otros aspectos.
“Nosotros tratamos de ser congruentes con el liderazgo de nuestro gobernador Sergio Salomón, cada instrucción que él nos da no la deja al aire, nos pide cuentas y es por eso el grado de responsabilidad que tengo y no solo yo, todo mi equipo de trabajo y agradezco a subsecretarios, directores generales, de área, jefes de departamento, todo el personal operativo, policías estatales, mi agradecimiento para con ellos, con su esfuerzo y dedicación podemos responder esta esta estrategia de gobierno”, manifestó.
CAEN PROMINENTES FIGURAS DEL HAMPA
De acuerdo con la información brindada por Cruz Luna, entre los detenidos por la corporación en el último año se encuentran figuras prominentes del crimen organizado, como Arquímedes N., El Apa, generador de violencia en la zona metropolitana y Leila Estefanía, La Barbie, —pareja del Pelón del Sur—, vinculada al grupo de narcomenudeo llamado El yoyo.
En la lista se encuentra también Carmelo N., El Güero Palma, relacionado con el homicidio de un policía en Zacatlán, Roberto N., El Gabo, y su banda delictiva del mercado Morelos que se relacionaban con narcomenudeo y extorsiones e inclusive Héctor Raúl N., El Tory, quien era perseguido por el gobierno federal.
Otros objetivos como Erasmo N., El Paisa, Eduardo Rodolfo N., El Party o El Aletas, Jesús N., El Malverde, Erick N., El Chepo, fueron otros criminales en el estado capturados por la Secretaría de Seguridad Pública. Todos ellos dedicados a actividades variopintas como narcomenudeo, cobro de piso, extorsión y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, por mencionar algunos de sus giros negros.
Durante su comparecencia, Daniel Iván Cruz Luna sostuvo que las operaciones del gobierno del estado tuvieron como objetivo desarticular grupos delictivos en diversas regiones, como por ejemplo, nueve integrantes de un grupo en Cuautlancingo capturados en diciembre y la detención de 18 miembros pertenecientes a seis grupos delictivos que operaban en San Martín Texmelucan, dedicados a ofertar vehículos y despojar a los compradores.
La respuesta contra el crimen abarcó también la incautación de 668 vehículos y 180 motocicletas relacionadas con hechos delictivos, además de que se destacó el combate al huachicol, con la recuperación de 120 mil 531 litros de gas LP, 16 mil 597 litros de hidrocarburo, 31 mil 840 litros de gasolina y la identificación y cierre de 34 tomas clandestinas.
MEJORAN CONDICIONES DE SEGURIDAD
Para fortalecer la seguridad, expuso Cruz Luna, también se implementaron estrategias como el Plan Centinela, que reforzó cinco arcos de seguridad a través del C5 y además incorporó a 70 nuevos operadores, lo que se suma a la colocación de tres subsedes de la línea de emergencia 911 para atender a la Sierra Norte y la Mixteca Poblana. Simultáneamente, la SSP dio inicio a la instalación y equipamiento de 38 Centros de Control y Comando (C2) municipales, conectados también al C5.
En el ámbito de la reinserción social, el encargado de la seguridad en el estado informó sobre la creación del primer centro penitenciario varonil para adultos mayores, así como la continuación de la rehabilitación de centros penitenciarios en Puebla, Tepexi, Ciudad Serdán y el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIIEPA).
Además, proporcionó cifras sobre la atención a mujeres a través de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM): la implementación de áreas de prevención del delito en 62 municipios, Unidades de Atención Inmediata a las Mujeres en 92 municipios, así como la atención a 6 mil 643 auxilios de emergencia y seguimiento a 209 medidas de protección a mujeres, emitidas por juzgados familiares.
En el ámbito de la ciberseguridad, destacó acciones emprendidas durante el año pasado, cuando impartieron 458 pláticas y conferencias para la prevención de incidentes cibernéticos para beneficiar a 56 mil personas en 41 municipios. Además, atendieron 8 mil 519 incidentes cibernéticos en 179 municipios, abordando problemáticas como cuentas vulneradas, aplicaciones fraudulentas, ciberacoso y sitios web apócrifos.
Por otro lado, Cruz Luna señaló la estrecha colaboración con el fiscal de Puebla, Gilberto Higuera, así como la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Belinda Aguilar, con quienes destacó la cercanía entre instituciones como sucede también con la Secretaría de Marina, para llevar a cabo operaciones para combatir la delincuencia.
INCREMENTO DE FUERZA OPERATIVA
En cuanto a la capacitación del personal, Cruz Luna aseguró que no escatimarán recursos para garantizar la seguridad del estado, por lo que anunció la incorporación de 800 policías estatales durante 2024, así como gestiones para obtener mejor equipamiento, armamento, vehículos, capacitación y tecnología.
Expuso que el programa “Fortalecimiento, Acompañamiento y Capacitación de las Policías Municipales”, a través del Centro Estatal de Certificación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CECSNSP), ayudó a 217 municipios del estado para incrementar su estado de fuerza. En 2023, se logró la dada de alta de mil 375 policías ante el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Detalló que brindaron formación itinerante a 2 mil 503 elementos de 201 municipios con temas abordados que incluyeron el uso legítimo de la fuerza, perspectiva de género, detención en flagrancia y llenado del informe policial homologado. También se llevaron a cabo dos congresos de tiro policial a nivel estatal y federal, junto con la primera feria de seguridad pública municipal.
El secretario Cruz Luna señaló que antes existían 16 municipios sin policías, pero gracias a las asesorías brindadas por el gobierno del estado, hoy ningún municipio está exento de contar con un estado de fuerza.
La dependencia también mejoró las condiciones al sueldo bruto del personal operativo, mientras que la Policía Estatal experimentó dos aumentos salariales significativos: uno de 10 por ciento al salario base y del 12 por ciento al concepto de compensación, así como una segunda etapa con un incremento del 6 por ciento al salario base con una inversión de 192 millones de pesos, lo que se agregó a la entrega de uniformes, 50 vehículos en comodato y estímulos para más de 7 mil 500 elementos.
VAN POR BRAZALETES ELECTRÓNICOS
Tras finalizar su comparecencia en la sede del Congreso del estado, el funcionario adelantó que próximamente implementarán brazaletes electrónicos para personas cuya medida cautelar en procesos penales es el de arraigo domiciliario.
Esta iniciativa, expuso, tiene como finalidad tener mayor vigilancia de las personas que están sometidas a un proceso de investigación y debido a las características de los delitos cometidos, no se les amerita la figura de prisión preventiva.
Expuso que la SSP ha tenido que destinar un número de elementos importantes para vigilancia de imputados, no obstante, con la implementación de los brazaletes electrónicos, podrán disponer de los agentes para otras zonas del estado y tener mayor vigilancia sobre la ubicación de las personas que enfrentan un proceso de investigación.
