Un grupo de alrededor de 60 abogados de Huauchinango y Xicotepec se agruparon para pedir la liberación de dos de sus compañeros, dedicados al derecho penal, quienes fueron detenidos arbitrariamente, acusados por la presunta participación en la liberación de uno de sus clientes.
Martha Castro, abogada de la región de la Sierra Norte de Puebla, retrató la problemática que llevó a los litigantes Noe Reyes Marín y Héctor Harim Arroyo Sendra, a ser vinculados a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por un delito que no cometieron.
La historia comenzó a finales del año pasado, cuando los litigantes lograron la modificación de medidas cautelares de prisión preventiva a arraigo domiciliario de su cliente, llamado Luis Ortega N. No obstante, durante una audiencia para la revisión de la situación legal, notaron que el acusado no recibió la debida custodia y caminó metros afuera de Casa de Justicia.
En consecuencia, los agentes lo volvieron a detener al exterior del lugar, pero esto desencadenó una serie de aprehensiones por el delito de evasión de presos, incluidos integrantes de la Policía procesal que se encontraba en Casa de Justicia en ese momento y los abogados defensores del imputado que no se habían retirado del sitio.
De acuerdo con la versión de Castro Rodríguez, a Noé Reyes y Héctor Harim se les fincaron delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia, aunque no habrían tenido ninguna participación en la liberación del reo.
“Se salió (el imputado) a escasos metros de Casa de Justicia y detuvieron a los abogados que todavía estaban en Casa de Justicia. Después no se quedaron en Huauchinango porque tenían que ser procesados por un Juez de Control de Puebla y les imputan un delito que les corresponde a servidores públicos, no a ellos como abogados, aun así fueron vinculados a proceso”, describió la testigo.
ACUDEN AL PODER JUDICIAL
Una vez que fueron aprehendidos, pasaron dos meses y los abogados Noé Reyes y Héctor Harim continuaron bajo arresto. El pasado 11 de enero fue clave, luego de que el grupo de abogados que pugna por la liberación de sus homólogos, acudieron al Poder Judicial, donde se entrevistaron con magistrados del Consejo de la Judicatura como Amadeo Fuentes Añorve, María Guadalupe Muñoz Perez, y el juez César Iván Bermúdez Minutti.
Allí, los funcionarios judiciales habrían externado que el proceso, a todas luces, era ilegal, toda vez que el delito que se les imputó era exclusivo para servidores públicos, por lo que de facto era improcedente.
En esta trama, resalta que el juez José Luis Campillo González, asignado al municipio de Zacatlán, se ha encargado de retrasar la liberación de los abogados e inclusive y desde el Juzgado de Oralidad de la Región Judicial Norte de Huauchinango, el pasado 12 de enero negó la revisión de las medidas cautelares en el caso.
“En el Consejo de la Judicatura nos dijeron: ‘vuelvan a solicitar la revisión de medidas cautelares’, sin embargo, nos lo negó un juez en Huauchinango, quien no es el asignado a ese municipio, estaba de guardia por vacaciones cuando lo solicitamos y se nos negó, es una situación en la que están reteniendo a nuestros compañeros abogados y ya no nos está pareciendo aquí en la Sierra Norte”, apuntó.
RETRASAN LIBERACIÓN
En medio de todo el proceso legal, el grupo de abogados presentó una solicitud de intervención al Poder Judicial de Puebla, para poder revisar nuevamente la causa penal 104/2023/Huauchinango y conseguir la sustitución o modificación de medidas cautelares en el caso.
En el escrito expusieron que desde el 15 de diciembre solicitaron dicha modificación, mientras que el juez José Luis Campillo la rechazó a razón de que necesitaba la evaluación de la Unidad de Medidas Cautelares, para que se verificara la existencia de los domicilios de sus compañeros arrestados.
Fue así que para el 27 de diciembre, fue presentado este documento y se acreditó la existencia de los domicilios, aunque en esta ocasión el pretexto para no otorgar la petición fue que ahora requería saber “cuál había sido la conducto del evaluador al proceder a realizar la evaluación de los compañeros”, y entonces se dio vista al Director de Medidas Cautelares y Policía Procesal.
“Una vez que se tuvo la contestación del oficio de mérito por parte del director de Medidas Cautelares y Policía Procesal, en el que manifestó que la evaluación se realizó con profesionalismo y ética, se solicitó nuevamente fecha para la celebración de audiencia”, señala el documento.
En una nueva etapa del proceso, el 3 de enero de 2024, el Juez de Control negó ahora señalar una fecha para una audiencia y debatir entonces la petición de modificación, en esta ocasión bajo el argumento de que se encontraba dilucidando un juicio de amparo sobre la negativa de sustitución o modificación de las medidas cautelares.
En la historia de esta detención, abogados han señalado directamente a Isaí Rivas López, encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal, por ser la mano que mece la cuna en esta ralentización de la liberación.
La represión llegó a tal grado que, de acuerdo con lo expresado por el abogado Alfredo Vázquez Villarreal —uno de los principales promotores de la liberación— Isaí Rivas le habría señalado lo siguiente: “¿Ves esta pared? Es blanca, ¿verdad? Pues yo digo que es negra, y no van a salir”.
