En el estado de Puebla salió a la luz una trama perturbadora que sugiere la existencia de una red de abuso infantil encabezada por un sacerdote católico. En el epicentro de esta revelación se encuentra el nombre del cura Gerardo Espinosa Rubí, señalado como el presunto responsable de abusar sexualmente de Abner, un niño de tan solo 7 años, además de estar implicado en el abuso de otros 10 menores en el municipio de Aquixtla.
En una audiencia efectuada este lunes en la Casa de Justicia de Puebla, Espinosa Rubí fue declarado culpable de violación equiparada contra Abner, en octubre de 2021 en el templo de San Juan Evangelista y será el 18 de diciembre cuando el juez Francisco Javier Orozco dicte la sentencia en su contra.
Esta red de violencia también involucra al juez Aarón Hernández Chino, quien, según activistas, habría liberado a al menos siete individuos acusados de delitos sexuales contra menores, incluyendo al mismo diácono Espinosa.
Desde mediados de año, la Red Plural de Mujeres destapó el caso de presunto abuso infantil protagonizado por el diácono oriundo de Tezontepec, Hidalgo, quien, según relatos, agredió a un menor apenas dos semanas después de llegar a Aquixtla para prestar sus servicios religiosos en la demarcación, situada en la Sierra Norte de Puebla.
La alarma saltó el 26 de octubre de 2021, cuando los pobladores detuvieron al clérigo y estuvieron a punto de lincharlo tras ser sorprendido abusando sexualmente del monaguillo. Sin embargo, el sacerdote a cargo del templo, José Chávez Amezcua, logró persuadir a los padres del menor para detener la turba y el violador fue entregado a las autoridades policiales.
Las audiencias judiciales se estancaron al cambiar de juez en cuatro ocasiones, hasta que el caso llegó a manos de Hernández Chino. Este juez, el pasado 17 de julio, sorprendentemente dejó libre al diácono, fallando en favor de tres amparos presentados por su defensa.
Abogadas de la red han advertido que el juez Hernández Chino debió desestimar los amparos, ya que el criterio jurídico obliga a garantizar el interés superior de la niñez y, por tanto, consideraron que el religioso recibió apoyo de la alta jerarquía en la Iglesia católica, motivo por el que sus presuntas agresiones sexuales, que datan desde hace 12 años, habían pasado desapercibidas.
La revictimización, a decir de Esperanza González Martínez, madre del menor, había sido una constante, permitiéndole al juez Aaron Hernández, quien llevaba el caso, presentarse a las audiencias únicamente de manera virtual y dándole a las víctimas justificaciones evasivas sobre el avance de la denuncia.
“A él (diácono), lo protegieron en todo momento. Nos obligaron a sentarnos juntos. Me dio asco estar al lado de él y tuve que levantarme a vomitar, luego me impidieron regresar a la sala. Ni a mis abogados dejaron hablar, que porque se tenían que cumplir órdenes de arriba”, expuso.
JUEZ EXPUESTO EN LA MAÑANERA
La participación del juez poblano en la liberación del agresor sexual fue exhibida en la conferencia mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y tras el escándalo, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial ordenó el inicio de investigaciones a través del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, a fin de revisar la actuación y desempeño del juez de Zacatlán.
Este llamado surgió luego de que Hernández Chino permitió en julio la liberación de Gerardo Espinosa, tras haber pasado dos años en prisión, hasta que este el pasado 17 de agosto fue ordenada nuevamente una orden de aprehensión que fue cumplimentada.
La liberación del diácono Gerardo Espinosa no es el único caso en el que el juez Aarón Hernández ha actuado con sospechas de ilegalidad. En 2021, otro escándalo salió a la luz, cuando la madre y abuela de Marilú, una niña de cuatro años víctima de violación por parte de su propio padre y abuelo, evidenció la actuación del magistrado.
Este funcionario judicial habría dejado en libertad a los presuntos agresores, generando una profunda indignación y cuestionamientos sobre la eficacia del sistema de justicia en este caso que tuvo lugar en 2019, cuando Marilú, bajo el cuidado de su progenitor durante una semana, fue víctima de agresiones sexuales de su propio padre, identificado como Iván N., y su abuelo paterno, Jaime N.
La madre y la abuela de la menor presentaron una queja por escrito en Ciudad Judicial el 23 de junio de 2021, acusando al juez Aarón Hernández de liberar a los presuntos violadores, además de que acusaron haber enfrentado amenazas de muerte como respuesta a su búsqueda de justicia.
“Mi nieta quiso conocer a su padre porque no lo veía, primero se frecuentaron, empezaron las salidas y luego se la llevó semana y media, cuando regreso con mi hija cambió, no quería hablar, se la pasaba durmiendo, no nos contó nada, sospechamos muchas cosas hasta que la llevamos con una ginecóloga, ahí nos dijeron que la niña fue violada”, narró a Diario Cambio, Patricia Hernández, abuela de la menor.
En la denuncia, la familia declaró que el juez Aaron Hernández denotó desinterés en el desarrollo de la audiencia donde se dirimía el caso, bostezando en más de 20 ocasiones y permitiendo la liberación de los dos victimarios pese a las contundentes pruebas de la violación a la menor de edad.
MÁS CASOS DEL JUEZ AARON HERNÁNDEZ
Un caso más refiere el juez habría permitido también la dilación del proceso jurídico en una denuncia por el homicidio de un policía estatal llamado Luciano N., quien aparentemente fue asesinado por el exlíder narcomenudista José Christian N., El Grillo.
De acuerdo con e-consulta, el juez Aarón Hernández Chino ha sido objeto de críticas recurrentes al ser señalado por desempeñar el papel de un “juez de consigna”, toda vez que su participación se ha observado en la resolución de procesos penales vinculados a casos políticos.
Los cuestionamientos hacia Hernández Chino no se limitan a estas situaciones, sino que también se extienden a la forma en que ha abordado otros casos relacionados con figuras vinculadas al morenovallismo.
