En medio de la junta auxiliar de La Resurrección, una comunidad mayoritariamente habitada por personas de la comunidad indígena, surgió un conflicto por las exorbitantes tarifas por licencias de funcionamiento, que llegaron a alcanzar hasta los 14 mil pesos, una carga financiera desproporcionada para los residentes locales.
La falta de servicios básicos, la escasa seguridad pública y rondines de vigilancia, exacerbaron las tensiones en la demarcación, llevando a sus habitantes a manifestarse el pasado martes frente a Palacio Municipal de Puebla.
La movilización tenía como objetivo hacer escuchar sus reclamos ante las autoridades municipales, destacando que la situación de cobros y clausuras desmedidas a cargo de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial eran insostenibles y que estaban afectando directamente la calidad de vida en la comunidad.
Sin embargo, la protesta tomó un giro cuando el presidente auxiliar, Adolfo Reyes Pérez Torres, fue detenido bajo engaños. Se le prometió una audiencia para discutir las demandas del grupo y, en cambio, fue aprehendido. La noticia de la detención corrió como reguero de pólvora, generando indignación entre los vecinos.
Sharem Rojas Arce, regidora auxiliar de Gobernación en La Resurrección, se convirtió en la voz que arrojó luz sobre los sucesos que se estaban desarrollando en las sombras. Reveló que tanto antes como durante la manifestación, ha enfrentado amenazas veladas del secretario de Gobernación municipal, Jorge Cruz Lepe, así como por Benito Fernández de Lara, titular de Concertación en juntas auxiliares, a fin de cesar la movilización indígena.
Sin buscar escarbar en el tema de la intimidación en su contra por miedo a represalias, hoy, su demanda es única: la liberación inmediata del edil subalterno, Adolfo Reyes Pérez Torres, de quien enfatizó no hay pruebas que lo incriminen en haber recibido dinero a cambio de otorgar permisos para facilitar licencias de funcionamiento en la demarcación.
“No lo puedo negar (las amenazas de Cruz Lepe), pero no quisiera ser tan específica porque no quiero que esto se desate a mal. Nuestra prioridad es que salga el presidente auxiliar y que regrese la gobernabilidad, el pueblo está desprotegido; sí tengo tema con ellos (los funcionarios), pero lo único que queremos es que nuestra gente salga en libertad. Las amenazas fueron antes y durante, pero no buscamos más represalias”, externó la funcionaria.
La regidora auxiliar de Gobernación agregó que después de la protesta del pasado martes, los pobladores han detectado drones que sobrevuelan la comunidad para vigilar sus movimientos, mientras que policías municipales le toman fotografías a todo aquel que se les hace sospechoso. Mientras eso ocurre, las autoridades municipales se niegan a establecer una mesa de negociación para darle una salida al conflicto social.
Prueba de la falta de atención en la demarcación, dijo, es que además siguen sin respuesta a sus demandas de contar con patrullas que vigilen en la demarcación para combatir la delincuencia, la falta de luminarias es una constante todos los días y el gobierno municipal desconoce los requerimientos de los habitantes en la junta auxiliar.
Por otro lado, Rojas Arce desconoció la existencia de un convenio entre la Segom y la demarcación a fin de que el edil subalterno cobrara por la entrega de permisos a negocios, tal como lo afirmó Máximo Cuatlaxahue, integrante del Consejo Indígena de La Resurrección; no obstante, lo que sí dijo es un hecho, es que la Unidad de Normatividad intentó cobrarles hasta 14 mil pesos a establecimientos para seguir operando, situación que no había ocurrido anteriormente puesto que se rigen bajo usos y costumbres.
“Creo que debieron tener mesas de diálogo, el Ayuntamiento sensibilizarse para regular negocios, claro que nos interesa la seguridad (en establecimientos), pero si no tenemos patrullas, es un foco de inseguridad, entonces quiso entrar Normatividad, pero ¿A qué se compromete? Cobrar 14 mil pesos por permisos en una junta auxiliar indígena es prácticamente imposible, la gente no tiene ese dinero y les pedían multas para ya no molestarlos (moches)”, apuntó.
Los cobros de 14 mil pesos para otorgar permisos a negocios contrastan con la realidad de La Resurrección, donde hasta 2020, sus más de 10 mil habitantes viven en graves condiciones de precariedad: 7 por ciento de su población es analfabeta, sólo 16 por ciento de las viviendas cuentan con acceso a internet y 7 de cada 10 personas que la habitan son de origen indígena, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda levantado en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La demarcación, hasta hace tres años, tenía apenas 31.4 por ciento de sus viviendas con lavadora y sólo una de cada 10 familias cuenta con computadora personal, laptop o tablet.
La junta auxiliar de La Resurrección cuenta aún con 35.2 por ciento de su población que habla una lengua indígena; en el municipio de Puebla estas personas que son de dicho origen representan 6.5 por ciento de la población y en el estado 15.8 por ciento, de ahí su importancia en el mapa local.
