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jueves, noviembre 21, 2024

Envían a 148 reos de San Miguel a penales federales

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La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado llevó a cabo el traslado de 138 personas privadas de la libertad a cuatro Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS) mismos que se encontraban ubicados en el penal de San Miguel, del municipio de Puebla. 

El titular de la dependencia, Daniel Iván Cruz Luna, descartó que esta acción obedezca a que se trate de casos de máxima peligrosidad, sino que son parte de una estrategia para despresurizar el CERESO de la califal del estado. 

En entrevista, tras participar en la Mesa de Diálogo del Proceso Electoral 2023-2024, el funcionario explicó que los 138 reos trasladados ya tenían sentencias firmes en su contra por la comisión de delitos federales, por lo que deben ser trasladados a Ceferesos, lo que contribuye a disminuir el hacinamiento en cárceles a cargo del Gobierno del Estado. 

“Hay una estrategia con el gobierno federal, porque tenemos muchos procedimientos sentenciados federales que están en centros penitenciarios estatales, y lo que se busca es combatir el hacinamiento”, declaró. 

Aunque el titular de la SSP no precisó a qué CEFERESOS fueron enviados trascendió que habrían sido llevados a los ubicados en Oaxaca, Chiapas, Durango y Nayarit. 

Sobre la participación de las personas privadas de su libertad en las elecciones de 2024 indicó que trabaja con la Junta Local del INE en Puebla para diseñar la estrategia que permita que presos en penales estatales, regionales y municipales puedan votar en las elecciones de 2024.

Comentó que “no hay antecedentes” del ejercicio del voto dentro de los penales similar la que se realizará el próximo, aunque siguen analizando si las votaciones se realizan en los 19 penales que existen en la entidad o si se descartan algunos de ellos. 

“Estamos trabajando desde hace unas semanas puntualmente con el INE para diseñar y garantizar la seguridad”, declaró Daniel Cruz. 

La semana pasada, el INE aprobó los lineamientos, modelo de operación y los diseños de la documentación electoral para la organización del voto de las personas en prisión preventiva. 

“El esquema es del gobierno federal, nos hicieron un llamado y nosotros hicimos el análisis respectivo, y desde luego contamos con las condiciones para hacerlo”, dijo. 

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