En su vista a Puebla, la ministra en retiro y senadora de la República, Olga Sánchez Cordero, se reunió con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina en el marco de una ponencia que impartió en la Universidad Anáhuac, sobre los retos de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en los estados.
La exsecretaria de Gobernación federal llegó acompañada del exgobernador Melquiades Morales Flores y el exauditor superior del Estado, David Villanueva Lomelí, el encuentro se dio en Casa Aguayo, sede del Ejecutivo local.
Tras la reunión con el mandatario, la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado señaló que abordaron temas académicos y no políticos, pues destacó que el país cuenta con un gran Código que marca un antes y un después en la historia jurídica del país.
En ese sentido, indicó que ahora el reto para los estados es hacer la declaración de incorporación por parte del Congreso, lo cual dará paso a la derogación del Código de Procedimientos Civiles y Familiares de la Entidad.
Asimismo, a nivel local, el Poder Judicial deberá emprender una importante etapa de capacitación ante la implementación de los juicios orales y la digitalización de los juicios por los que los trabajadore deberán estar preparados ante las “novedades tecnológicas”, dijo.
“Se van a tener que estar preparando, son cuatro años de vacatio legis”, por lo que plazo de implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no podrá exceder del 1 de abril de 2027.
Sánchez Cordero dijo que es apremiante que se definan las políticas y directrices que permitan la rápida instrumentación en los estados del nuevo código único.
La ministra en retiro de la Suprema Corte fue una de las participantes en la cátedra “Melquiades Morales” que organiza la Universidad Anáhuac campus Puebla y en la que también participó el senador Miguel Ángel Osorio Chong.
Sánchez Cordero subrayó que esta legislación (el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares) “marcará un hito en el sistema de impartición de justicia en todo el país, al tratarse de un instrumento de gran calado, incluso mayor al que representó la correspondiente reforma al sistema integral de justicia penal de 2008, que culminó con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 5 de marzo de 2014”.
LA senadora destacó la importancia del nuevo Código por la magnitud de asuntos que hoy en día se judicializan en todo el país en las materias civil y familiar, que rondan, dijo, alrededor del 70 por ciento del total de juicios y procedimientos que son instaurados; lo que hace más que notorio y evidente el impacto que esta legislación tendrá en la justicia cotidiana, pero sobre todo en la construcción de la paz social.
Reconoció que las 32 entidades federativas, al ejercer sus atribuciones para expedir sus propias reglas procesales en el orden civil y familiar, terminaron por generar a lo largo del país una diversidad de normas.
Señaló que ello propiciaba incertidumbre respecto de la aplicación y sentido de la justicia, debido a la variedad de normas procesales, caracterizada por una disparidad entre las reglas, los plazos, los términos, los criterios, las instituciones procesales y las sentencias, que incluso en ocasiones resultaban contradictorias.
