La comparecencia de la Contraloría municipal, encabezada por Alejandra Escandón, exhibió que durante el proceso de entrega-recepción, fueron aplicados 135 procedimientos de responsabilidad administrativa por la falta de respuesta a citatorios por irregularidades detectadas en la administración de la exalcaldesa Claudia Rivera. No obstante, la gestión actual no se quedó atrás, toda vez que 27 funcionarios públicos son investigados por casos de acoso laboral y sexual en dos años.
En la rendición de cuentas que se celebró este martes, la titular del Organismo Público Descentralizado precisó que, de los 135 procedimientos de responsabilidad, 134 se relacionan con entregas individuales de servidores públicos de la gestión morenista.
En tanto, el procedimiento de responsabilidad administrativa adicional está vinculado a la entrega-recepción general que tuvo lugar bajo la figura del ayuntamiento. Durante este proceso, la Comisión entrante identificó un total de mil 837 observaciones.
Aunque no abundó en detalles sobre el estatus de estas mil 837 observaciones del proceso entrega-recepción general, desde mayo del año pasado, este medio de comunicación informó que el Cabildo de Puebla perdonó estas anomalías, al aprobar la Cuenta Pública del año 2021, fruto en ese entonces de un acuerdo político entre ambas gestiones.
Es así que, durante la comparecencia de ayer, se dio a conocer que sólo persisten procedimientos administrativos de forma individual: de 134 aplicados de esta manera, 95 se mantienen en curso, ya sea en la etapa de investigación o en la de sustanciación.
La fase de sustanciación, explicó Escandón, implica que el ayuntamiento citó a los exfuncionarios para una audiencia inicial, marcando así el inicio de la etapa de pruebas y alegatos, lo que podría concluir en una sanción para el exburócrata responsable.
“De estos expedientes (134), hay algunos en los que la autoridad investigadora detectó que a partir de la información recabada no existían elementos y, por tanto, se hizo el acuerdo de archivo y conclusión y quedan en trámite 95 en estas dos etapas de investigación y sustanciación”, detalló.
A pesar de la disponibilidad de información, la Contralora optó por no proporcionar detalles adicionales sobre los procedimientos en desarrollo, a fin de mantener la confidencialidad y preservar los derechos humanos de todas las partes involucradas.
La decisión de retener información, dijo, se basa en los preceptos establecidos en los artículos 95, 111 y 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Por otro lado, Alejandra Escandón reveló que un total de 27 denuncias por acoso laboral y sexual han llegado a la puerta de la Contraloría municipal desde el 15 de octubre de 2021 hasta la fecha, de las cuales, 22 permanecen activas, mientras que cinco fueron desechadas debido a la falta de pruebas suficientes.
Una de las notas positivas es que, en varios de estos casos, las personas acusadas de conducta inapropiada ya no trabajan en el ayuntamiento y como resultado de las investigaciones y procedimientos, 15 trabajadores han sido sancionados, dos han sido inhabilitados, tres se han separado de sus cargos y se han registrado 10 amonestaciones privadas.
Sin embargo, aún queda una parte de las sanciones pendientes, ya que nueve de los individuos afectados tienen la oportunidad de presentar recursos o demostrar su inocencia dentro de los límites de tiempo estipulados.
Uno de los casos de violencia señalados en la gestión panista fue el de Michel Chaín Carrillo, extitular de Gestión y Desarrollo Urbano, quien fue defenestrado del gabinete por presunta violencia contra dos de sus exparejas sentimentales. La salida fue disfrazada bajo la justificación de una renuncia para atender las denuncias en su contra.
Otro caso polémico fue la denuncia contra Gilberto González Labastida por acoso sexual, laboral y despidos injustificados, aunque su caso se encuentra en etapa de investigación y aún se mantiene al frente de la dirección de Protección Civil municipal.
