Por un presunto caso de tortura, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) emitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia a la que pidió iniciar una investigación en contra de los elementos ministeriales que participaron en una detención en diciembre de 2020, quienes además habrían cometido falta de tutela judicial en su actuar.
Según la recomendación 31/2023, los elementos incurrieron en violaciones a los derechos humanos, a la integridad y seguridad personal, sin embargo, se omitió mencionar donde ocurrieron los hechos o una referencia a los mismos.
Las evidencias quedaron integradas en el expediente número 195/2021, mediante las cuales la Comisión acreditó que, junto con otra persona, la víctima fue detenida por agentes de investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión.
En su resolución, la CDHE concluyó que, en cumplimiento a una orden de búsqueda y localización emitida por la Fiscalía, la víctima sufrió actos de tortura en su detención, situación que le provocó trastorno psicológico a la persona.
Subraya que el agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación que fue iniciada por el delito de tortura determinó el no ejercicio de la acción penal, dejando sin observancia las obligaciones del Estado Mexicano para indagar este tipo de actos.
El ombudsman poblano determinó recomendar al titular de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, proporcionar a la víctima una reparación integral del daño, en la cual se incluyan las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.
Además, deberán realizar gestiones jurídicas, administrativas o las que se sean necesarias para que se continúe con la investigación del delito de tortura, se brinde a la víctima atención psicológica especializada, la cual deberá otorgarse de forma continua, gratuita e inmediata en un lugar accesible y con la previa aceptación de la víctima.
La Fiscalía deberá también dar vista al agente del Ministerio Público que corresponda para que investigue si los servidores públicos señalados en la recomendación incurrieron en la comisión del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y se determine lo que conforme a derecho corresponda.
En su recomendación, la CDHE sugiere que se instruya a los servidores públicos de la FGE, para que sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra los derechos humanos a la integridad y seguridad personal y a la tutela judicial efectiva.
Además de que se brinde capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la integridad y seguridad personal y a la tutela judicial efectiva, a fin de evitar actos como los anteriormente señalados.
