Pifias sospechosas
La revelación dada a conocer en esta edición por Mario Alberto Mejía en La Quinta Columna sobre la inscripción de Margarita Rodríguez Daruich como candidata a la presidencia auxiliar de Ignacio Zaragoza dejó exhibido al alcalde Eduardo Rivera Pérez en dos condiciones: O su gente le ocultó la información sobre el registro de dicha persona, lo cual es grave; o supo en todo momento del caso y dio toda la apertura, lo que es aún más grave. ¿Por qué? Porque vivimos en México y la capital poblana está gobernada por la Organización Nacional del Yunque a la que solo le interesa una cosa: el dinero. No hay casualidades en la permisividad de una autoridad para dejar pasar a los adversarios políticos. Rivera Pérez lo sabe. Cuando quiso, cerró los espacios a sus enemigos y también sufrió las consecuencias de estar del otro lado. Rodríguez Daruich forma parte de la investigación judicial que se sigue por un caso de violencia política de género en contra de la exconsejera jurídica Yasmín Flores Hernández y en la que también se encuentran involucrados el exsecretario de Gobernación municipal, René Sánchez Galindo, y la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco. El registro aprobado por la Comisión Plebiscitaria para los comicios de este año también abre las sospechas sobre tres personas clave, muy ligadas al alcalde, y que forman parte del mismo: El coordinador de los regidores del PAN, Carlos Montiel Solana, el regidor de la Comisión de Gobernación, Miguel Mantilla, y sobre todo el secretario de Gobernación municipal, Jorge Cruz Lepe, quien es el primer responsable de supervisar, acomodar y dar entrada o cerrar los espacios (los tres connotados yunquistas). Asimismo, la permisividad para dejar pasar a Rodríguez Daruich vendría a confirmar los profundos lazos de complicidad que existen entre Lalo Rivera y Claudia Rivera, pero esa es otra historia que le platicaremos en una próxima entrega.
Un camino peligroso
Desde hace varios meses, el grupo encabezado por Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro, tomó una decisión equivocada sobre la estrategia a seguir para presionar y colarse a la carrera por la gubernatura. Para nadie es un secreto que los legisladores locales Carlos Evangelista Aniceto y Edgar Garmendia de los Santos, las diputadas federales Inés Parra Juárez y Julieta Vences, así como algunos militantes de Morena se convirtieron en los empleados del dogerista luego de su estrepitoso fracaso en la elección de 2021. Los cuatro personajes en cuestión quedaron prácticamente en la orfandad y Mier Velazco decidió aglutinarlos a su favor. La primera acción de rebeldía fue acaparar el conflicto poselectoral de Coyomeapan, en la Sierra Negra, y convertirlo en un problema de ingobernabilidad. Pensaron que de esa forma amedrentarían al gobierno del estado, pero se equivocaron. Los principales cabecillas, responsables de la quema de la paquetería electoral y los destrozos en la presidencia municipal nunca se imaginaron que serían detenidos. Por el contrario, su apuesta era prolongar todo lo posible la disputa a fin de generar un caos social. La jugada, como dijeran los abogados, fue con toda la alevosía, premeditación y ventaja pues se metieron en la región de la que es oriundo el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Fue un reto a sun investidura y oficio político. Las detenciones llevaron a Inés Parra y Julieta Vences a tomar la tribuna de San Lázaro, con todo el respaldo de Ignacio Mier, para que acusar al gobierno del estado de perseguir a defensores sociales y tener presos políticos. El conflicto ahí sigue, lo mismo que los detenidos. Pero no conforme con eso, Inés Parra ahora pretende incendiar la zona con el falso argumento de que se impondrá un nuevo y lesivo impuesto a través del DAP. Conclusión: cuatro municipios han reportado problemas sociales en estas últimas 48 horas por el activismo de la legisladora. ¿Usted cree que actúa sola? Obvio que no. Esa es la estrategia peligrosa por la que opto ese grupo. Solo falta que asuman las consecuencias de sus actos y no anden como Magdalenas denuncian persecución política.
