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lunes, noviembre 25, 2024

En la mañanera, exhiben a juez poblano que liberó a quienes pretendían asesinar a policías

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Un nuevo caso de corrupción fue exhibido desde el estrado del salón Tesorería del Palacio Nacional este martes. Se trata del juez de control de Puebla, Milton Moctezuma Vega, a quien el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador identificó por emitir 19 resoluciones contrarias a la justicia.

Moctezuma Vega fue exhibido, junto a otros siete jueces de diferentes partes del país, por favorecer a delincuentes que fueron apresados por diversos ilícitos, pero que conforme a resoluciones anómalas lograron salir de prisión y en algunos casos ser absueltos a pesar de las contundentes pruebas. 

El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Burcio, detalló que en el caso del juez poblano, de las 19 resoluciones ilegales otorgadas a favor de delincuentes, en tres decretó de ilegal la detención, en 13 la no vinculación a proceso y en cuatro emitió tres sentencias absolutorias. 

En un caso, según exhibió el subsecretario federal, el juez emitió tres sentencias absolutorias a favor de tres imputados por el delito de tentativa de homicidio cometido en agravio de policías federales, señalando que no se acreditó que hayan disparado con la intención de matarlos, toda vez que las balas impactaron contra la patrulla, por lo que solo se acreditaron los daños ocasionados al vehículo. 

Entre los ocho jueces señalados, destacaron el caso de Carlos Alejandro Lima Carvajal, quien ordenó el traslado del pederasta Jean Succar al penal de Quintana Roo; a Faustino Gutiérrez, por presuntamente favorecer al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Xavier Cabeza de Vaca y; en Veracruz otro juez otorgó una suspensión a la prisión preventiva del exfiscal en esa entidad. 

 

SUMAN CINCO JUECES EXHIBIDOS

Las andanzas de jueces poblanos han sido exhibidas en los últimos meses en la sección “Cero Impunidad” del gobierno federal, sumando cinco casos tan solo en lo que va del año. 

En supuestos actos de corrupción se ha señalado a Jorge Eduardo Ramírez Téllez al haber tomado decisiones erróneas en seis ocasiones. El juez de control en dos investigaciones decidió no vincular a proceso a los imputados, en uno declaró ilegal la detención y en tres casos emitió sentencias absolutorias. 

Un ejemplo fue que absolvió a un hombre que había sido detenido por el delito de portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército. 

A finales de julio, el gobierno federal hizo mención de otros tres casos similares. Uno de estos se trató de Francisco Javier N., juez de Control de la Región Judicial Centro, quien permitió, con sospechas de ilegalidad, la liberación de dos presuntos secuestradores detenidos en el año 2018. 

De acuerdo con la relatoría de los hechos, el 26 de enero de 2018, la víctima fue rescatada de un motel y los dos secuestradores fueron detenidos, por lo que se les formuló imputación con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, el juez les concedió la modificación de sus medidas cautelares para salir libres. 

Otro caso es el de María Gabriela N., Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, que fue señalada por el despojo de un predio a un empresario en la población de Ocotlán, Coronango, en el año 2017. 

Por otro lado, el juez Aarón Hernández Chino también es investigado por dejar sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva del diácono Gerardo E.R., imputado por el delito de violación equiparada en grado de tentativa en contra de un menor de edad en Aquixtla. 

A inicios de agosto de este año, el Poder Judicial de Puebla informó que desde el Consejo de la Judicatura han realizado 121 investigaciones a servidores judiciales, de los cuales, 52 se siguen en contra de Jueces de Primera Instancia de los Distritos Judiciales del estado, es decir, el 42 por ciento del total. 

Por las múltiples liberaciones que se han efectuado en la entidad poblana, el Fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, se ha pronunciado por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para evitar que delincuentes salgan de prisión a través de resoluciones unilaterales de jueces. 

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