A finales de este año, la Secretaría de la Función Pública concluirá la investigación que inició por la inversión de 606 millones de pesos que hizo el gobierno estatal en Banco Accendo meses antes de declararse en quiebra en 2021, informó su titular Juan Carlos Moreno Valle Abdala, quien aseguró que sí se fincarán responsabilidades por este caso.
El funcionario estatal informó también que fueron concluidas las auditorias al ejercicio del gasto de 2022 (el último año de la gestión de Miguel Barbosa) y como resultado de la revisión, se detectaron focos en algunas áreas, principalmente en la ejecución de obra y en salud.
Respecto al caso del Banco Accendo, dijo que continúan las indagatorias sobre las decisiones que en su momento llevaron a funcionarios de la gestión del fallecido exgobernador Miguel Barbosa Huerta a realizar las inversiones en dicha institución financiera.
En abril de este año, cuatro meses después de la muerte de Barbosa Huerta, la entonces secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, reveló que el gobierno estatal buscaba recuperar la inversión de junio de 2021.
Además, justificó que los recursos invertidos no formaban parte del presupuesto, por lo que no se comprometieron las finanzas del ejercicio en curso, ni las subsecuentes, y porque la institución bancaria estaba regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“Será antes de que acabe año se den las conductas de todos los involucrados, ya que aquellos o aquellas que no hayan hecho bien su trabajo, desde luego se inician responsabilidades”, apuntó el titular de la Función Pública.
A cuatro meses de destaparse el presunto quebranto, se han llamado a comparecer a algunos funcionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas, sin embargo, la extitular -quien renunció el 26 de junio- no ha sido citada por la Función Pública.
“La mayoría ha sido por parte documental, no ha sido presencial la comparecencia de las personas. (A María Teresa Castro) ya se le ha pedido información y nos ha contestado, personalmente no ha comparecido porque no la hemos convocado”, explicó.
A dos meses de haber iniciado la investigación, aún no se determinan responsabilidades en contra de algún funcionario, sin embargo, aseguró que antes de que concluya 2023 se presentará un informe de resultados en donde se fincarán responsabilidades.
“A todos aquellos que no participaron o no hicieron bien su normatividad, sí. A cualquiera que resulte responsable desde el más abajo hasta el más alto. Antes de que acabe el año estará concluido seguro el tema de Accendo”, sostuvo Juan Carlos Moreno Valle.
A principios de agosto, el gobernador Sergio Salomón Céspedes indicó que el gobierno estatal emprenderá acciones legales por los más de 600 millones de pesos invertidos en Banco Accendo, sin embargo, dijo que no se trata de una persecución, pero advirtió que la omisión también es un delito.
CONCLUYEN AUDITORÍAS AL GOBIERNO DE BARBOSA, CON FOCOS ROJOS
En otro tema, el titular de la Función Pública informó que ya concluyeron las auditorías sobre el ejercicio de 2022, el último año de la gestión de Miguel Barbosa, sin embargo, reveló que encontraron focos rojos en Infraestructura y en Salud, áreas en donde ejerce una mayor cantidad de recursos públicos.
Las observaciones derivadas de la auditoría ya fueron notificadas a las dependencias, por lo que tendrán un plazo de 15 días aproximadamente para solventar las presuntas irregularidades encontradas, las que no sean comprobadas quedarán firmes y se podría llegar a iniciar un procedimiento de determinación de responsabilidades.
“Sí hemos encontrado algunos focos rojos, pero como están en tiempo de contestar, a lo mejor ya no son rojos, nos contestan y se solventan. Yo les pediría que les diéramos esos quince días para ya saber exactamente qué solventaron y que no solventaron”.
Las “áreas de oportunidad”, según señaló Moreno Valle Abdala, se encuentran en obra (Secretaría de Infraestructura) y Salud (Secretaría de Salud), pero estas observaciones son preliminares, asentó. En tanto existen más de 50 expedientes de responsabilidades abiertos, y seis denuncias presentadas en este año por faltas administrativas de servidores públicos.
