Los pecados y excesos cometidos por la administración de Claudia Rivera Vivanco y sus subordinados aún los persiguen pese al final de su administración, pues la investigación en contra de la exalcaldesa de Puebla y de René Sánchez Galindo –exsecretario de Gobernación– por actos de violencia política en razón de género en contra de las mujeres sigue su curso.
La Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó el juicio electoral del exfuncionario municipal en el gobierno claudista, y pretendía que desechara y detuviera la investigación en su contra por violencia de género a la excoordinadora Ejecutiva de la Consejería Jurídica de la presidenta municipal, Yasmín Flores Hernández.
Los magistrados escindieron las quejas tanto de Sánchez Galindo como de Margarita del Carmen Rodríguez Daruich, adscrita en ese entonces a la Secretaría de Gobernación y que fue involucrada en la denuncia.
El TEPJF ratificó el acuerdo del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) por el cual ordenó la devolución de constancias que integran el expediente del Instituto Electoral del Estado (IEE) para que realice las notificaciones correspondientes, diligencias y audiencia de pruebas y alegatos de la denuncia por violencia política de género.
“Se consideró inoperante el agravio respecto a que la resolución impugnada continúa trasgrediendo su derecho de audiencia en el caso del actor, debido a que ya existe un pronunciamiento de esta Sala que lo declaró infundado”, indicó la ponencia.
Asimismo, desechó la queja de la exfuncionaria municipal que acusó al TEEP por solamente actuar con perspectiva de género en favor de la denunciante y no juzgarla a ella con el mismo criterio, argumento que los magistrados electorales federales señalaron que dichos actos forma parte del proceso intraprocesal.
“No se lleva a cabo con perspectiva de género, pues al no haberse emitido una resolución definitiva, las actuaciones realizadas hasta el momento son de naturaleza intraprocesal y, por tanto, no son impugnables”, resalta la resolución.
Este proceso se arrastra desde septiembre de 2020, cuando la exfuncionaria del Ayuntamiento de Puebla interpuso ante el IEE la denuncia en contra de la presidenta municipal y del secretario de Gobernación.
En la querella, detalló diversas vejaciones de las que fue objeto por parte de la entonces alcaldesa de Puebla, una de ellas fue el trato desigual que recibía en comparación a sus compañeros en la Consejería Jurídica de la comuna.
Yasmín relató que a pesar de ocupar el mismo cargo que sus compañeros Javier Palou García, coordinador Ejecutivo de la Presidencia, y Andrés García Viveros, Coordinador Ejecutivo de la Consejería Jurídica, percibía una remuneración menor, pues mientras sus pares hombres recibían perciben un sueldo neto de 44 mil 396 pesos mensuales, ella solo ganaba 40 mil pesos.
Pese a llegar a la administración riverista para ocupar la Consejería Jurídica de Presidencia, la edil Claudia Rivera la forzó a firmar su renuncia para ocupar el puesto de coordinadora de Proyectos Estratégicos, bajo el argumento de que “ya no le funcionaba como Consejera Jurídica”, debido a que “necesitaba del carácter de un hombre”.
La funcionaria municipal se negó a firmar la renuncia y el acta de entrega-recepción de su cargo, sin embargo, señaló que una semana después de lo sucedido, el 17 de junio de 2020, se percató que era seguida por un vehículo blanco marca Dodge Attitude con placa UBP-17-65, por lo que se refugió en un restaurante en la colonia La Paz, de la ciudad de Puebla.
Días después, al momento de firmar una minuta de su despacho se percató que la placa del vehículo que la siguió estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación, encabezada en ese momento por René Sánchez Galindo, y que se pretendía mover a otra área para ocultar el uso que se le dio.
Por este último hecho, la denunciante también denunció al entonces secretario de Gobernación por el delito de hostigamiento ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.
En su momento, la presidenta municipal negó las acusaciones y, en su lugar, prefirió “lamentar” que la exconsejera jurídica se dejara manipular para amedrentar y golpetear a su administración, revictimizando a la acusante.
En caso de que Claudia Rivera y René Sánchez sean encontrados como responsables de ejercer violencia política en razón de género serán inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia de Género, lo que les impediría competir en el siguiente proceso electoral ordinario.
