El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina se pronunció a favor de que se aplique el Estado de derecho para evitar un conflicto social en Huauchinango, en donde pobladores de dos juntas auxiliares denunciaron un presunto ecocidio en la cuenca de Nuevo Necaxa por la construcción de un desarrollo inmobiliario y un hotel por parte del empresario Gilberto Villa Huerta.
Lo anterior luego de que el empresario Gilberto Villa violara los sellos de clausura que fueron colocados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para impedir que avanzara el ecocidio en la zona protectora federal vedada de la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa.
Según confirmó la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), luego de la denuncia de pobladores de la Sierra Norte en contra del desarrollo inmobiliario que quiere continuar Gilberto Villa.
Cuestionado al respecto, el mandatario indicó que las instancias involucradas deberán resolver este asunto, después de que habitantes de las juntas auxiliares de Patoltecoya y San Miguel Acuautla presentarán denuncias ante la Profepa y Smadsot.
Sergio Salomón Céspedes confió en que a la brevedad se resuelva este caso para evitar que escale a un conflicto social en la región de Huauchinango, pues en varias ocasiones los inconformes se han presentado en donde se están realizando los trabajos de construcción.
“Que se resuelva conforme a derecho, a quien tenga la razón que se la den, las instancias competentes son las que tienen que resolver esto a la brevedad posible para que no se genere un conflicto social”, expresó.
Además, el titular del Ejecutivo del estado pidió que todas las partes involucradas se apeguen a lo que establece la ley y se realicen los trámites y permisos correspondientes, conforme a la legalidad.
“Hago desde acá un atento llamado a que todo mundo aplique el Estado de derecho y le dé la razón a quien la tenga”, puntualizó en entrevista tras encabezar la colocación de la primera piedra del inicio de los trabajos de construcción de la nueva Casa del Adolescente del municipio de Cuautlancingo.
Hipócrita Lector publicó que la Cuenca Hidrográfica del Necaxa se está viendo afectada por la construcción de 60 casas que, sin tomar en cuenta estudios de impacto ambiental, y pese a ser zona protegida federal, es utilizada por el hotelero con intereses económicos.
Algunos de los delitos en que ha incurrido Villa Huerta son violación de sellos de clausura, allanamiento, uso indebido de sustracción y aprovechamiento de agua, lo cual fue corroborado por la Smadsot tras la publicación.
“La información con la que contamos es que PROFEPA tiene un procedimiento en su contra y que impuso sellos de clausura, los cuales fueron volados”, señaló la dependencia a través del área de Comunicación Social.
De esta manera confirmó lo que encontró un grupo de vecinos inconformes de las juntas auxiliares de Patoltecoya y San Miguel Acuautla -pertenecientes al municipio de Huauchinango- el pasado 9 de agosto cuando acudió a la zona para evidenciar la violación de sellos y la presencia de maquinaria pesada para la destrucción del bosque.
A fin de poder frenar el ecocidio y la falta de agua en las comunidades cercanas a la cuenca hidrográfica del río Necaxa, los vecinos reunieron firmas para solicitar que instancias apliquen las debidas sanciones. Una de estas fue dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot).
Dicha dependencia informó a Hipócrita Lector que ya había sido informado de este hecho a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Desde 2019, habitantes del municipio de Huauchinango, especialmente los de la junta auxiliar de Patlaltoyeca y San Miguel Acuautla, han sufrido las consecuencias de los abusos que el empresario Gilberto Villa Huerta ha provocado para su comunidad al conectarse a redes generales de agua.
A pesar de no contar con la administración legal del vital líquido, el particular devastó bosques y manantiales que han dado sustento de agua a las poblaciones por más de 100 años y en donde más de mil 500 habitantes resultan afectados
