Hace un poco más de un año, la continuidad de la concesión de los servicios de agua potable y saneamiento en la ciudad de Puebla y zona conurbada se encontraba en el ojo del huracán debido a que tanto el Congreso del estado como el Consejo Directivo del Sistema Operadores de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) analizaban dos alternativas: 1) la viabilidad técnica y financiera para que éste último organismo retomara el servicio que involucra a cerca de 1.6 millones de poblanos; o 2) Permitir que la empresa Concesiones Integrales se mantuviera al frente de dicha responsabilidad, pero con nuevas reglas de inversión y de medición del cumplimiento de sus estándares de desempeño.
Para nadie es un secreto que esa situación pretendió ser utilizada como bandera política por varios actores que ya se vio que están más interesados en lucrar o privilegiar sus propios intereses (económicos, políticos y hasta emocionales) que en encontrar una verdadera solución.
Con la importancia histórica que esa medida representaba, todos los actores involucrados tomaron al toro por los cuernos y decidieron que Concesiones Integrales continuara con la prestación del servicio. ¿Quiénes son esos actores principales? En primerísimo lugar, el Congreso del estado, además de los integrantes del Consejo Directivo del Soapap: el gobernador de Puebla, los alcaldes de Puebla, Cuautlancingo, Santa Clara Ocoyucan, San Pedro y San Andrés Cholula, así como Amozoc; la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, los representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la BUAP.
No se trató de una graciosa cesión o un apoyo con cheque en blanco. Por el contrario, se delimitó con suma precisión las obligaciones y responsabilidades de la concesionaria, entre las que destacan la correcta prestación de los servicios, lo que conlleva a duplicar la inversión realizada en los primeros siete años de su gestión y su evidencia materialización en mejoras tangibles en el servicio de agua en las mil de la zona de cobertura.
La empresa, además, está obligada a destinar una suma importante para la rehabilitación del sistema integral de saneamiento, lo que deberá tener un impacto positivo en el rescate del río Atoyac a corto y mediano plazo.
Dichas obligaciones tampoco se las sacaron de la manga sino que fueron resultado de un amplio análisis técnico y financiero presentado por el Soapap y la Secretaría de Planeación y Finanzas, en donde se ponderaron los gastos de operación, administración, mantenimiento, así como los niveles de capital requerido para la ejecución de las obras de construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura hídrica.
Todo esto fue acompañado por la propuesta de una nueva estructura tarifaria, que fue analizada, discutida y aprobada por el Congreso del estado y publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 15 de julio de 2022. Los diputados, no sobra decirlo, realizaron un análisis sobre la situación histórica de los servicios y las causas de las deficiencias estructurales provocadas por la negligencia de gobiernos del pasado, además de cuestiones técnicas y financieras.
Contrario a lo que aseguraron los agentes del lucro político, hubo un intenso trabajo para determinar cuál sería la mejor solución. Insistimos: Sobre la mesa estuvo la posibilidad de cancelar la concesión y que el Soapap retomara los trabajos, pero la pregunta final seguía siendo la misma: ¿Qué es lo mejor para la ciudadanía?
Algunos de los puntos que debieron analizarse en el Congreso del estado, por ejemplo, fue el histórico problema de las finanzas y endeudamiento del Soapap, los costos operativos de los servicios, el impacto financiero de cerca de 5 mil 300 millones de pesos que tendría que enfrentar en aquel momento el gobierno del estado en caso de la posible terminación anticipada del contrato y las inversiones futuras a que está obligada la concesionaria.
Lo interesante es que el gobierno del estado y Congreso estatal decidieron ir a fondo para corregir de tajo el problema en este sector. Así pues, lograron una gran mejora en el mecanismo de actualización tarifaria en beneficio de los usuarios, ya que al inicio de la concesión se incluían los factores de costos de la energía eléctrica e incremento en el salario mínimo, que tuvieron incrementos entre un 18 y un 22 por ciento en los últimos años. De no haberse modificado la fórmula, actualmente las tarifas tendrían un incremento de más del 40 por ciento en el periodo de octubre de 2018 al mes de abril del 2023. Sí lo leyó bien: Estaríamos en este momento pagando 40 por ciento más.
Después de un extenso análisis y discusión en comisiones y ante el pleno del Congreso, los diputados exigieron a Concesiones Integrales que el porcentaje de actualización no fuera mayor al Índice Nacional de Precios al Consumir trimestral, lo que permitió una actualización de tarifas de solo el 4 por ciento para las familias de bajos ingresos y en apoyo de empresas, comercios y estratos de mayor consumo de solo 7.76 por ciento, que es equivalente a la inflación de 2021.
Esta medida garantizó que 7 de cada 10 usuarios, que son las familias de menos ingresos, solo tuvieran un ajuste del 4 por ciento, una cifra muy por debajo de la inflación.
Es por eso que la decisión tomada por el Consejo Directivo del Soapap y ratificada por el Congreso del estado fue y sigue siendo un paso significativo hacia la mejora del suministro y saneamiento del agua en la zona metropolitana y un apoyo a la economía de los poblanos, sobre todo, a los sectores más vulnerables.
De acuerdo con datos a los que tuvo acceso esta H. Redacción, un año después del ajuste, las tarifas solo se han incrementado un 3.04 por ciento, mientras que Concesiones Integrales ha reportado ante el Consejo Directivo del Soapap un avance de 210 millones de pesos ejecutados durante 2022 en 43 acciones y de 247 millones durante el primer trimestre del 2023 en 31 acciones que deberán verse reflejadas en la mejora de los servicios de agua, drenaje y saneamiento.
Lo anterior implica que entre abril de 2023 y hasta diciembre de 2024, deberá estarse invirtiendo, por lo menos, mil 650 millones de pesos en proyectos de agua y saneamiento. Muchos deseamos que esto sea el inicio de una nueva etapa de mejora continua en el suministro de agua en la zona metropolitana de Puebla y un referente para otras regiones que enfrentan desafíos similares.
Pese a la polémica que este tema desató -e insistimos: pese al lucro político- Puebla se encuentra ante la oportunidad de probar si las concesiones en infraestructura son benéficas para la sociedad y para los gobiernos municipales y estatales.
No es cualquier cosa. Si el modelo funciona, los próximos gobiernos tienen a la mano una muy buena alternativa para resolver la problemática severa en materia de agua potable que enfrenta nuestro país.
Esta solución regional, además, puede servir como un aliciente para poner fin a aquellos feudos en las juntas auxiliares, en donde un grupos -que a veces actúan como delincuencia organizada solapada por las autoridades municipales- durante décadas se han dedicada a amasar fortunas a costillas de los pueblos.
Gobiernos van, gobiernos vienen, sean de cualquier partido, y ninguno se atreve a entrar al problema de fondo y se resisten a proponer una solución técnica para resolver su falta de presupuestos e invertir en infraestructura hídrica y solventar los altos costos operativos que representa la prestación de estos servicios.
