La inversión de más de 3 mil 600 millones de pesos de los recursos de los poblanos en un banco con alerta de posible lavado de dinero, y que derivó en la pérdida de alrededor 606 millones de pesos, fue la que causó una tormenta en la gestión de María Teresa Castro Corro en su paso por la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno de Puebla, quien presentó su renuncia al cargo este 26 de junio.
En total, fueron 14 operaciones efectuadas en el periodo del 9 de junio al 7 de septiembre del 2021, de las cuales, 11 resultaron exitosas por alrededor de 3 mil 6 millones 127 mil pesos, mientras que, los últimos tres movimientos bancarios por un poco más de 600 millones de pesos se vieron afectados porque la institución financiera fue declarada en quiebra, y con ella, se declaró la pérdida de la inversión.
Esta situación fue confirmada por la entonces funcionaria estatal en una comparecencia ante los diputados del Congreso del Estado, quienes le realizaron señalamientos por “jugar con el dinero de los poblanos” en una institución bancaria que fue creada a partir de personas ligadas con Carlos Djemal, principal socio del Banco Inverlat, detenido en Estados Unidos por presunto lavado de dinero en 2016.
En el documento que la funcionaria entregó a los diputados locales previo a su comparecencia ante el Pleno argumentó que las operaciones bancarias se realizaron debido a que la institución financiera contaba en ese momento con las autorizaciones vigentes por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar en el país.
En el mes de junio se realizaron ocho de las operaciones, dos más en julio, una más en agosto y las tres restantes en septiembre, por montos entre 200 y 400 millones de pesos. Las 11 inversiones exitosas dejaron como ganancias 7 millones 428 mil 722 pesos.
No obstante, en las inversiones hechas el 7 de septiembre del 2021 por la cantidad de 606 millones 127 mil 503 pesos resultaron un error para la dependencia debido a que el día 28 la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acordó revocar la autorización al banco por incumplimiento al mínimo de capitalización de la institución financiera.
El propósito de los rendimientos generados por estas inversiones realizadas con presupuesto público iría a parar en el Fondo de Reserva Financiera para Contingencias Jurídico – Contenciosas que fue creado con Castro Corro con el fin de afrontar emergencias sin que se vieran afectados programas presupuestales del gobierno estatal como lo eran el pago de la deuda pública y el pago de otras obligaciones que fueron contratadas en administraciones anteriores.
En la comparecencia ante los legisladores el pasado primero de junio, Castro Corro indicó que se invirtió en el banco Accendo para pagar el crédito ocasionado en el morenovallismo por la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al SAT, y que provocó un quebranto de 2 mil 600 millones de pesos, además que añadió que a 2018 superaba los mil millones de pesos, y por el que ya se tienen denuncias en contra de quienes fueron omisos en ese proceso en años pasados.
La titular de Planeación y Finanzas no esclareció si se recuperase el recurso invertido debido a que serían otras autoridades las que determinarían el monto que la administración podrá recuperar, por lo que advirtió que será un proceso largo para la administración pública estatal.
“La posibilidad de la recuperación es una posibilidad que se desconoce con precisión el monto, en virtud de que quién es la autoridad competente el IPAC que interviene, contrata a un despacho liquidador, este despacho liquidador toma todos los activos de Accendo y estos los tiene someter a una liquidación, hay una ley específica de la materia donde hay orden de prelación”, externó.
Castro Corro justificó la elección del Banco Accendo ya que en el momento de su inversión la Comisión Nacional Bancaría y de Valores otorgaba una buena calificación a esta institución, lo cual no alertaba un riesgo de quiebra, además de que fue la que contaba con el mejor porcentaje de rendimiento ofrecido en ese momento al otorgar 1.5 por ciento más rendimiento que lo que ofrecía el mercado.
“En el plazo en el que se celebraron operaciones con Accendo, la CNBV calificó en el grado 1. En consecuencia, es totalmente legal invertir los recursos públicos en cualquiera de las instituciones bancarias del listado publicado por la autoridad competente, este banco era una de las instituciones más redituables”, detalló.
El periodista Mario Maldonado reveló previo a la comparecencia de Castro Corro que Javier Reyes, junto con sus hermanos Oscar y Luis, decidieron cambiarle el nombre al Banco Inverlat a Accendo, y gracias a su cercanía con el panista Ernesto Cordero y el priista José Antonio Meade obtuvieron la certificación de la Comisión Nacional Bancaría y de Valores.
Cuando el banco se declaró en quiebra contaba con 518 clientes en cuenta, entre ellos el gobierno estatal de Puebla, por lo que comenzó el proceso de liquidación, por lo que la autoridad federal sostuvo que el 96% de los ahorradores recuperarían la totalidad de su dinero invertido.
El 2 de marzo de este año, el Poder Judicial de la Federación emitió el acuerdo del orden de prelación para que los acreedores de Accendo recibieran su dinero.
En el encuentro con los legisladores locales, diputados del Partido Acción Nacional, Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y del Revolucionario Institucional arremetieron en contra de Castro Corro por poner en riesgo los recursos de los poblanos en una institución que no era confiable.
“Toda institución de créditos tiene riesgos, y no es un caso aislado lo que aconteció con Accendo, en el mundo hay ejemplos recientes de bancos sólidos que también tienen temas de desequilibrio financieros. Y Puebla no es un caso aislado, es específicamente verificable que con motivo del procedimiento de liquidación judicial existen más de 400 acreedores incluyen entes públicos del orden federal, del gobierno estatales y diversos municipios”, dijo Castro Corro.
