Vecinos de la unidad habitacional La Margarita, exigieron la intervención del Ayuntamiento de Puebla ante la proliferación de casos de cobros y apropiación de espacios por parte de vendedores ambulantes, así como por la comisión de diversos delitos como robos y venta de drogas.
Luis Antonio Pérez Peralta, presidente de una asociación de vecinos denominada Fuerza Unión La Margarita, recriminó que una mujer llamada Dolores Chávez Hernández se ostenta como presidenta de la Asociación de Residentes de la Unidad Habitacional La Margarita, sin estar registrada así ante la mesa directiva, por lo que con sus atribuciones ha otorgado espacios para el comercio informal.
La problemática ha escalado al grado de que a la fecha tienen detectadas a seis agrupaciones de expendedores callejeros que se han extendido a lo largo de la unidad habitacional y que, a decir de los quejosos, su presencia ha desencadenado un repunte en delitos como asaltos, robos a comercio, a casa habitación y narcomenudeo.
Agrupaciones como la 28 de Octubre, Antorcha Campesina, Fuerza 2000 y Doroteo Arango, son algunas de las que se han apostado en la unidad habitacional y que a decir de la asociación Fuerza Unión La Margarita, pagan una cuota de entre 100 y 2 mil pesos por ocupación de la vía pública a Dolores Chávez de forma ilegal.
Pérez Peralta señaló que Dolores Chávez ha llegado a cobrar incluso hasta 3 mil pesos a vecinos de la unidad habitacional para permitirles colocar jaulas para que resguarden su vehículo o para que puedan utilizarlas para la venta de productos.
“Por todo cobran, pero varían los precios, desde mil 500 hasta tres mil pesos por permitir que los vecinos coloquen la jaula, aparte les pide su INE, en realidad, a nosotros nos llega todo esto porque también ya están hartos los vecinos (…) Al momento en que empiezan a llegar seis agrupaciones, empiezan problemas de inseguridad. Son las personas que vienen con cada grupo las que delinquen”, apuntó.
Este vacío de gobernabilidad, según expresa la asociación, es provocado por el solapamiento de la actual presidenta de la mesa directiva, Norma Jiménez Ramírez, quien únicamente ha señalado que tomará cartas en el asunto sin que a la fecha exista una respuesta clara ante el cúmulo de denuncias vecinales.
El vicio de ilegalidad se ha visto reflejado también en la falta de una nueva convocatoria para renovar a la dirigencia de la unidad habitacional, toda vez que Norma Jiménez se ha negado a realizar este proceso de selección desde hace cuatro años.
